Guanajuato, Gto., 10 de noviembre de 2026.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato ha sido parchada durante 16 años, pero la realidad de las mujeres, adolescentes y niñas en los 46 municipios ya rebasó el texto legal. Ante este panorama, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local encabezó una mesa regional de trabajo donde autoridades de justicia, derechos humanos y municipios plantearon la urgencia de reestructurar —o incluso sustituir por completo— la norma vigente.
Durante el encuentro, la diputada Susana Bermúdez Cano subrayó que el objetivo central es identificar las fallas técnicas y vacíos legales que en la práctica impiden proteger a las víctimas de forma oportuna. “Tras cada artículo hay situaciones que afectan directamente la vida de las mujeres; debemos saber a dónde acuden y reconocer que las condiciones son distintas en cada municipio”, enfatizó.
Redes de violencia digital e Inteligencia Artificial: La alerta de la Fiscalía
Uno de los planteamientos más contundentes vino de Elizabeth Durán Isaías, representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien sugirió valorar la expedición de una nueva ley integral. La funcionaria argumentó que la norma actual acumula 16 años de modificaciones parciales que han generado contradicciones con la ley general nacional.
Entre los puntos urgentes presentados por la Fiscalía destacan:
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Nuevas amenazas: Regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en conductas de violencia digital y acoso hacia las mujeres.
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Precisión jurídica: Adecuar el término de violencia vicaria al tipo penal vigente y ampliar las modalidades de agresión.
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Coordinación de bases de datos: Evaluar la permanencia del Banco Estatal de Información para alinearlo directamente con el registro nacional.
Más allá de los refugios: Casas de transición, cuidados y presupuesto
Desde el Poder Judicial, Rocío Carrillo Díaz propuso modificar el nombre de la ley para abarcar las diversas “violencias” en plural, así como homologar un registro único de órdenes de protección en todo el estado.
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres —representada por Viviana Cifuentes— solicitó redefinir las agresiones psicológicas y económicas, además de transformar el modelo tradicional de atención para no limitar la ayuda a refugios temporales, sino incorporar casas de transición que brinden autonomía real a las sobrevivientes.
Finalmente, Guillermo Aguirre Fonseca, de la Secretaría de Derechos Humanos, advirtió que cualquier reforma será papel mojado si no se garantiza presupuesto asignado a metas claras. Exigió que los espacios de resguardo cuenten con adecuaciones reales de accesibilidad para mujeres con discapacidad.
A la mesa de trabajo acudieron también las diputadas Ana María Esquivel Arrona y Sandra Alicia Pedroza Orozco, así como representantes de los institutos de la mujer de León, Purísima del Rincón y San Miguel de Allende, quienes pidieron elevar a rango legal la responsabilidad de los deudores alimentarios y garantizar la no revictimización en los trámites gubernamentales.
