Aún no comienza la época de lluvias, y al presidente López Santillana, se le hizo un cochinero el ambiente político en el municipio.
Ya traía varios fierros en la lumbre, que siguen costándole capital político. Ese, del que tiene poco, por cierto, pero que la pasividad para atender los hechos que perjudican en su imagen, le merman día a día.
Sin lugar a dudas, la sociedad ya había juzgado los temas de corrupción con los que tuvo que lidiar. El de Vanessa Montes de Oca (regidora del PRI), con la falsificación de las firmas de asistencia laboral para su “asistente virtual” y el pago de las quincenas correspondientes, a una persona que, por contrato, debió presentarse a trabajar y no lo hizo.
También tiene el caso del Director de Desarrollo Urbano, Carlos Cortés Galván, quien debe hacer cumplir los reglamentos para la construcción en la ciudad y verificar el cumplimiento de la ley al respecto. Él, no lo hace en una finca de su propiedad en el municipio de Silao. Una casa, por cierto, con valor muy superior a la capacidad financiera que le representa el sueldo que percibe.
aparece el caso de la tesorería municipal, y los descuentos al predial, por más de 8 millones de pesos. Situación que, por cierto, no ha sido procesada legalmente, ni atendida con diligencia y precisión como lo marca la ley.
Y ahora le salta el vergonzoso caso de la asignación de la obra al cuñado del Presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramirez, quien, por cierto, viene a ocupar el cargo del anterior presidente que sale por piernas, por obras realizadas en beneficio personal. Condenado por ello por el tribunal administrativo, y pronto saltará las asignaciones directas del IMUVI por casi 100 millones de pesos a una empresa.
Jorge, pretende justificar su “no responsabilidad” con una maroma al mero estilo chairo. Es increíble que quien anduvo en el peregrinaje con sus colegas de otras cámaras y organismos empresariales, publicitando un código de ética, llegue a SAPAL vía una institución pública de educación, promovido por el propio López Santillana y en la primera de cambio, justifique la asignación de la obra a la empresa de su cuñado, con que él no tomó la decisión, que era un comité de 5 personas y él se excusó en participar.
Se le debe recordar, que una cosa es lo legal y otra lo ético. Lo que hicieron al descalificar 2 empresas con experiencia y capital suficiente para la obra, y dársela al 3er lugar, empresa sin experiencia en SAPAL, propiedad de su cuñado, pueden hacerlo parecer legar, ¡pero no es ético!
Como cereza del pastel, aparece en escena, la aprehensión de la ex presidente municipal Bárbara Botello, por usar fondos públicos en su beneficio (peculado).
Lo que eleva la presión, no es el que haya sido puesta tras las rejas, ya que, para la gran mayoría de los leoneses, creemos que debe pagar las que hizo. Sino el que una acusación contra el tesorero Roberto Pesquera, haya sido ella involucrada en una ampliación de la demanda y en 3 días tener una orden de aprehensión.
Grupos de oposición y algunos organismos, ven esta acción, más como de revanchismo político, que la aplicación de la ley para buscar justicia. Se preguntan el por qué no han sido atendidos los casos de corrupción al interior de su administración con tanta atingencia.
Para cerrar con broche de oro, tenemos el registro histórico de casi 50 muertes violentas en León. Veremos en qué termina este lodazal.
