Sistema anticorrupción

Katya Morales Prado
Katya Morales Prado

La corrupción es un sistema, aquel que piense que los corruptos son como los malos de las películas que roban a manos llenas para su propio beneficio y llenarse de dinero está en un error. Está claro que el corrupto se queda con una tajada, pero por lo general es un porcentaje de operación como una comisión por sus servicios de corruptelas porque el verdadero botín va para operar todas las transas electorales.

Las redes de corrupción están totalmente infiltradas, participan en ellas una gran cantidad de actores, no es posible diferenciar a los buenos y los malos, hay corruptores, corrompidos,  autoridades,  altos mandos, mandos medios. empleados de ventanilla, policías, tránsitos, inspectores, peritos, partidos políticos,  empresarios, ciudadanos, los que se dan cuenta y no denuncian. Unos más otros menos, unos siempre, otros a veces, unos lo provocan otros no lo pueden evitar. Se asemeja a una maquinaria llena de fugas por todos lados.

El Sistema Nacional Anticorrupción con sus réplicas en todos los Estados fue diseñado justamente para poder poner freno a todas estas malas prácticas y mañas impregnadas al parecer en todos lados, reconociendo como postulado la incapacidad que tenía el Estado de poder controlar la corrupción con los medios que se contaba. Para enfrentarse a un gran sistema de corrupción era necesario crear a su vez un gran sistema anticorrupción.

Se creó un Comité Coordinador en el que interactúan las autoridades abocadas a prevenir, detectar y combatir la corrupción: La Auditoría Superior, La Fiscalía Especializada, La Función Pública, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, El Instituto de Acceso a la Información y se incluyó a los ciudadanos. De manera conjunta con todas la atribuciones y visiones de los integrantes de este Comité, se deben generar políticas públicas anticorrupción que determinen de manera coordinada la interacción de todos los miembros. Para esto cuentan con el apoyo y la gestión administrativa y técnica de una Secretaría Ejecutiva, quien debe llevar a cabo y hacer realidad las determinaciones que se tomen de manera colegiada entre todos los integrantes.

Es un modelo muy ambicioso, diseñado para que trabaje de manera estructurada, que requiere de mucha voluntad de las autoridades, de mucho compromiso de los ciudadanos, y de mucha dedicación de la Secretaría Ejecutiva. Evidentemente es perfectible, pero tiene muy buenas bases.

En el tiempo que tiene de creación se ha logrado implementar el Sistema Nacional y todos los Estatales. Se han  aprobado  la Política Nacional Anticorrupción y más de la mitad de las Estatales.  El Sistema ha ido logrando avanzar a pesar de los numerosos ataques que ha recibido del Gobierno, como ejemplo el retraso y negativa en nombrar a los magistrados de las salas anticorrupción, el retraso y negativa accionar el mecanismo de nombramiento de los Ciudadanos, lo que ocasionó que por casi un año el comité  de participación ciudadana que debe estar integrado por 5 estuviera con solo un miembro. Los recortes presupuestales han afectado de manera directa todo el desempeño, aunado a ataques directos de algunos Gobernadores y del Presidente de la República. La propuesta reciente de desaparecer la Secretaría Ejecutiva se traduce en dejar inmovilizado el sistema, y la manifestación matutina de no entender para que tener toda esta  estructura cuando ya se tiene una fiscalía, solamente deja ver con claridad que no han entendido nada, ni de la corrupción ni del sistema y que si alguna vez quisieron o quieren combatir la corrupción no tienen idea de como hacerlo.

La Sociedad Civil de la mano de grandes investigadores y académicos diseñaron este sistema. Es en sí mismo un ejercicio de co-creación de sociedad y gobierno, para que combatan juntos este mal y por lo mismo para funcionar necesita del Gobierno, porque la sociedad ahí está.

Mtra. Katya Morales Prado
Abogada egresada de la Universidad Iberoamericana León. Maestra en Derecho Corporativo, por la Universidad Latinoamericana. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, por la Universidad Iberoamericana León, con un Máster en Políticas Anticorrupción Iberoamericanas por la Universidad de Salamanca, España, cursando actualmente Doctorado en Derecho.