Guanajuato, Gto., a 25 de abril de 2023.– Convocadas por la Comisión de Salud se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para analizar las iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de cuidados paliativos, salud materno infantil y violencia obstétrica.
Cuidados paliativos
La primera propuesta revisada busca establecer dentro del derecho a la protección de la salud, en el que se consideran servicios básicos de salud, se integren los cuidados paliativos indispensables para enfermos con padecimiento crónico-degenerativos o en etapa terminal.
Asimismo, que dentro de las actividades de atención médica establezcan las paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.
Se comentó que se cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada en la entidad, donde las personas pueden decidir respecto a poder mostrar su voluntad a rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida; así como con otros ordenamientos, entre ellos la norma mexicana sobre los criterios para la atención de enfermos en situación terminal, a través de cuidados paliativos.
También se indicó que existen comités de cuidados paliativos en el sector salud; que en la entidad ya hay una definición en norma del concepto de cuidados paliativos; que, si bien está en la ley el que se debe brindar una atención integral, la limitación de algunos opioides limita poder brindar esa atención para el manejo del dolor; entre otros aspectos.
La diputada Irma Leticia González Sánchez comentó que todavía hay muchas cosas por hacer y ver cómo lograr que el sistema de salud sea de primer nivel para apoyar a los pacientes que tienen que sobrellevar el dolor.
Salud materno infantil
En la segunda mesa analizaron la iniciativa que pretende que todas las mujeres cuenten con todos los cuidados durante el embarazo, el parto y el puerperio y se les otorgue atención psicológica en dichas etapas; que los bebés tengan atención prenatal, así como la prevención y detección de enfermedades.
Asimismo, promover el diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera; de la transmisión del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual; así como capacitaciones para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales.
Sobre la propuesta se señaló que en la entidad se brinda una atención integral, se rigen también con la norma mexicana prevención y control de los defectos al nacimiento, se tiene un departamento de atención a la infancia y a la adolescencia, existen centros integrales de atención a la salud mental, aunado a la red de psicólogos, por lo que la atención integral está garantizada; se cuenta con el programa de tamiz neonatal, entre otros aspectos.
En su intervención, la congresista Katya Cristina Soto Escamilla celebró que en el estado de Guanajuato se estén llevando a cabo estas acciones y felicitó al sistema de salud de la entidad por realizar toda esa labor.
Por su parte, la legisladora Noemí Márquez Márquez precisó que la iniciativa busca dos objetivos principales: que no existan complicaciones en la atención materno-infantil y que no haya desigualdades en los menores en los primeros años de vida; mientras que la diputada Angélica Casillas Martínez enfatizó que la iniciativa solo implica adecuar el marco legal con el federal y no invade competencias.
Pertinencia cultural y violencia obstétrica
Finalmente, dialogaron sobre la propuesta que pretende incluir dentro de la atención materno-infantil la atención integral, libre de violencia y con pertinencia cultural de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; e incorporar la competencia de las autoridades en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, la de implementar las acciones institucionales necesarias para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica.
Respecto a esta propuesta se precisó que la Secretaría de Salud ya cubría los objetivos planteados y tenía la obligación de generar políticas con perspectiva de género; que actualmente, entre otras cosas, alienta a la madre a elegir la posición más cómoda para el parto, a que elija a la persona de la que querrá estar acompañada, puede consumir alimentos, se crea un espacio adecuado, se cuenta con línea de atención psicológica, las posadas AME para la atención a personas embarazadas, se brinda atención en redes integrales de salud que ponen al centro a la mujer, se cuenta con un marco regulatorio que se está cumpliendo, además de que implementan políticas de atención obstétrica respetada que se complementan todas esas acciones.
La diputada Angélica Casillas Martínez manifestó que en el control de la violencia obstétrica se encuentra el parto humanizado, que dicho término se prevé en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también se pretende que se agregué en la normativa local, pero si se cuenta con el de parto humanizado. Agregó que la propuesta era de competencia federal, que se regula por la ley general y por la norma oficial mexicana.
Mientras que, la legisladora Katya Cristina Soto Escamilla apuntó que no se debe de perder de vista que cada uno de los pasos para eliminar la violencia obstétrica se centra en que el personal del sector salud debe cumplir con una atención humanizada e integral que se engloba en el parto humanizado.
Finalmente, la congresista Irma Leticia González Sánchez subrayó que siempre hay aspectos que mejorar, que como se dice en la propuesta aún existe 30% de mujeres que sufren violencia obstétrica y que estar en la norma fortalece la atención.
Estuvieron presentes las diputadas Irma Leticia González Sánchez, Angélica Casillas Martínez, Katya Cristina Soto Escamilla y Noemí Márquez Márquez.
Además, los acompañaron Francisco Magos, Noemí Flores Mendiola, Sara García Salinas y Saori Sugita Verver y Vargas de la Secretaría de Salud; Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y Alejandro Domínguez López de la Coordinación General Jurídica; Viviana Cifuentes Adón del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; así como asesores de los grupos parlamentarios del PAN y MORENA.
