Agencias. 26 de julio.- La reforma deja como efecto colateral el fortalecimiento del sistema financiero al llevar los ahorros de los trabajadores en las Afores al cabo de 10 años hasta el 40 por ciento del PIB, desde el 17 por ciento que hoy representa, lo que permitirá mayor dinero disponible para financiar proyectos de infraestructura, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Dejará un sistema financiero más fortalecido para financiar proyectos cada vez más grandes y tarde que temprano esto también le quitará presión a las finanzas públicas para poder financiar inversión productiva. La falta de inversión pública y privada es la limitante más grande que tenemos en nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.
Por su parte, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), hacen el compromiso de administrar eficientemente esos recursos, mismos que hoy alcanzan 4.2 millones de millones de pesos equivales al 17 por ciento del PIB., casi lo mismo que el 22 por ciento de crédito que da el sistema bancario nacional.
“Si esta reforma se aprueba y se incrementan las aportaciones, habrá más recursos para financiar infraestructura en puertos, carreteras, empresas y puede ser un instrumento para continuar desarrollando y creciendo el mercado de valores. Sobretodo vamos a buscar mayores rendimientos para que las pensiones sean aun mayores”, dijo Bernardo González, presidente de la Amafore.
Igualmente, dijo que si esta reforma se llevara a cabo, podríamos acelerar la baja en las comisiones de las Afores. A la fecha han bajado 93 por ciento desde que comenzó el sistema. Hoy cobran 90 centavos por cada 100 pesos de saldo administrado.
Señaló que continuarán empujando la iniciativa para la flexibilidad del régimen de inversión para la inversión directa en proyectos de capital privado sin pasar por el mercado de valores y aumentar el porcentaje en inversión en el extranjero.
Reforma de Pensiones de la IP no resolverá problemas como informalidad
La propuesta de reforma al sistema de pensiones del sector privado no va a resolver el gran problema de pensiones que prevalece en el país, ni tampoco otros estructurales como la informalidad, lo que busca es que más trabajadores puedan aspirar a una pensión y que ésta sea digna, dijo Guillermo Zamarripa, miembro de la Comisión de Seguridad y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Esta reforma no va resolver problemas de informalidad, problemas de subdeclaración o problemas de pensiones del gobierno como empleador. Sólo resuelve el problema que le atañe al CCE de sus trabajadores y a buena parte de los sindicatos del Congreso del Trabajo”, dijo al reconocer que persiste un “problema grave de pensiones en el país que ya no es responsabilidad de los empresarios”.
Al plantear un recorte en las semanas mínimas de cotización ante el IMSS para aspirar a la pensión a 750 semanas desde 1250 semanas; incrementar las aportaciones tripartitas desde 6.5 por ciento actual hasta 15 por ciento, la propuesta es de carácter social, pone en el centro al trabajado y su ingreso y no representa un impuesto o un efecto adverso para el empleo formal.
El sector privado será el que asuma el mayor costo de ese incremento, sus aportaciones irán en aumento desde el 5.15 por ciento actual hasta el 13.875 por ciento, con movimientos anuales graduales de 1.09 puntos porcentuales a partir del 2023, en caso de ser aprobada este mismo año por el Congreso.
“Respecto al impacto en la informalidad y la afectación a las MiPymes, en este diseño si se consideraron aspectos para mitigar esos impactos”, dijo en conferencia organizada por el CCE.
Se cuidó no incentivar la informalidad y por eso la cuota social, que son las aportaciones del gobierno, se concentra en los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y hasta las 4 UMAS, que son el 70 por ciento de los trabajadores, pero el 80 por ciento del empleo entre las Mipymes.
“Se usa el dinero del gobierno para concentrarlo en los trabajadores de menores ingresos y para no dar un incentivo importante a la informalidad en esos rangos salariales que es en donde se concentra el empalme mayor entre formalidad e informalidad”, explicó.
En el tema de la absorción del costo, la transición se pensó gradual para que el primer aumento en las cuotas sea en 2023 hasta el 2030. “Entonces se habla prácticamente de 10 años de transición, que permiten superar la coyuntura de la crisis”, dijo. Y en ese lapso, las empresas deberán absorber esos costos en sus modelos de negocio y las modificaciones salariales que se den en los siguientes años.
“La gestión de este tipo de costos para las empresas es un tema de financiarlo con productividad, como cualquier costo de operación incide en su estructura de costo”, agregó Pedro Sánchez Cuervo, presidente de la Comisión de Seguridad y Pensiones del CCE.
La responsabilidad social de las empresas es lo que hará que no repercutan esos costos en un aumento de precios al consumidor, comentó Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Además de que el contexto de la economía no les permitirá repercutirlo en precios de manera abusiva”, dijo.
