No hay una normatividad que indique qué corporación de seguridad pública debe proteger a otra, pero sí existe la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública.
La función primordial de todos los órdenes es trabajar por el orden público, por cuidar a la sociedad.
Lo que ocurre en Celaya, Guanajuato, respecto a los ataques y enfrentamientos en los que han muerto elementos, no solo de la Policía Municipal sino de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos, ha convertido a este municipio en el más letal para policías, en todo el país.
Datos de Causa en Común indican que en 2023 fueron asesinados 412 policías en toda la República y Guanajuato es la entidad que ocupó el primer lugar con un total de 60, seguido de Guerrero que registró 40 y luego Zacatecas con 32.
De los 60 de Guanajuato, Celaya ocupó el primer lugar con 21 incluso por encima de León que tiene la cuarta parte de la población del estado.
No es de nadie desconocido que este municipio vive una guerra no declarada contra grupos de la delincuencia organizada.
El alcalde Javier Mendoza Márquez ha dicho que entiende plenamente el dolor de las familias de los elementos de seguridad asesinados porque, aunque no lo reitere, él perdió a su hijo en un ataque criminal.
En menos de un mes han muerto siete policías municipales, un agente de Vialidad y un elemento de Bomberos, el 7 de enero de este año, cuando acudió a sofocar el fuego de un vehículo incendiado durante narcoataques ocurridos por la captura del joven
“Monedas”, hijo del “Marro”, líder criminal de la zona, hoy encarcelado.
Seguramente, y debe ser así, que las corporaciones del Estado deben estar acompañando en todo momento a la Policía de Celaya y debería ser que tanto el Ejército como la Guardia Nacional deben coordinarse para realizar operativos conjuntos.
Debe incluso programarse vigilancia o rondines en los domicilios de los policías celayenses, porque muchos de las agresiones han sido cuando los agentes están de descanso, salen o van a su trabajo.
Creo yo que si cada corporación, de cada orden de gobierno, cumpliera con su función, no estaría pasando esto que enluta a las familias celayenses de los policías.
Por ordenamiento constitucional, la lucha contra la delincuencia organizada es función y materia de la Federación, incluso con la existencia de una Ley específica para tal efecto como La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
A las fiscalías de los estados les compete la procuración de justicia, la prevención y el combate a los demás delitos, denominados comunes. Las policías municipales tienen la función de prevenir, vigilar el buen orden en los municipios, valga la redundancia.
Gracias a reformas y ordenamientos complementarios incluso las corporaciones municipales no solo tienen función administrativa sino de policía judicial o investigadora, como complemento a los otros órdenes y sobre todo porque siempre son el primer respondiente.
En este tenor, podría generarse una verdadera coordinación para el ataque y la defensa en contra de los grupos de la delincuencia organizada, donde se privilegie la labor de inteligencia y las acciones complementarias como coartar su financiamiento, como lo que hace la UIF.
Por lo que ocurre en esa guerra en Celaya, deberíamos estar presenciando capturas de los responsables materiales e intelectuales de los ataques mortíferos de policías, deberíamos estar viendo resultados de que el Municipio no está solo.
Lo que ocurre es que tanto el Estado como la Federación, principalmente este orden, son omisos en su obligación por una razón u otra, pero casi siempre por motivos políticos, y más aún en estos momentos de proceso electoral.
