Guanajuato, Gto., 23 de abril de 2026.- El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de León a que instruya a la Unidad de Transparencia y al Comité de Transparencia a actualizar el portal del municipio. El objetivo es que la ciudadanía pueda consultar los acuerdos de clasificación y las versiones públicas del contrato de prestación de servicios celebrado entre ZooLeón y las empresas L’Arcenciel International, S. de R.L. de C.V. y Five Steps Head Hunting.
Asimismo, se solicita que, en caso de que el Acuerdo de Clasificación ACR-2026-002-ZOOLEON no cumpla con los requisitos legales —como la debida justificación, la prueba de daño y la correcta aplicación de las causales de reserva—, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, se proceda a desclasificar total o parcialmente la información relacionada con dichos contratos.
De igual manera, se exhorta a la Secretaría de la Honestidad del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, en su calidad de autoridad garante en materia de transparencia, a que revise la legalidad y suficiencia del acuerdo de clasificación, conforme a sus atribuciones establecidas en la ley.
Al hacer uso de la tribuna, Contreras Guerrero informó que el Ayuntamiento de León decidió contratar a una empresa consultora para conducir un proceso técnico y profesional de selección de la persona titular de la Dirección General y otros cargos directivos del Parque Zoológico de León, utilizando recursos públicos para ello. No obstante, el resultado fue un proceso fallido: el perfil designado como director tuvo que ser removido a los pocos días después de su designación.
El congresista manifestó que mientras se informa de un pago inicial de 127 mil pesos de un total de 400 mil a la empresa encargada de llevar a cabo este proceso de selección fallido, la falta de documentación pública impide verificar si el erario ha sido utilizado de manera eficiente o si existen penalizaciones aplicables por el incumplimiento de la empresa en la entrega de un perfil idóneo, ya que mediante el municipio determinó reservar esta información.
Reiteró el legislador que la ciudadanía tiene el derecho de conocer los términos del contrato, las obligaciones de la empresa y el estado real de los pagos efectuados, especialmente cuando el proceso de selección resultó fallido.
Finalmente puntualizó que dada la relevancia pública del caso del ZooLeón, la gravedad de los resultados del proceso de selección y la opacidad que rodea tanto a los contratos como al acuerdo de reserva ACR-2026-002-ZOOLEON y al acta de la sesión de 18 de febrero de 2026, resulta pertinente y necesario que la Autoridad garante local revise la legalidad y suficiencia de dicha clasificación y, en su caso, adopte las medidas conducentes para proteger el derecho de la ciudadanía a conocer el contenido de estos contratos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.
