La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nació en 1979 como una corriente disidente dentro del sindicalismo magisterial mexicano. Surgió bajo la bandera de la democratización sindical y la defensa de los derechos laborales de los maestros.
Durante décadas se presentó como una alternativa al control corporativo del viejo sistema político. Sin embargo, con el paso de los años, aquella rebeldía fundacional también construyó sus propias estructuras de poder.
La CNTE aprendió pronto que bloquear calles, paralizar escuelas y tomar plazas públicas generaba más resultados que cualquier mesa técnica. Gobiernos de todos los colores terminaron cediendo ante la presión de los plantones y las movilizaciones.
La paradoja es evidente: una organización creada para combatir privilegios acabó desarrollando mecanismos de presión que pocos sectores sociales pueden ejercer con semejante eficacia.
Hoy podría estar ocurriendo algo distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum parece ensayar una estrategia diferente: dejar de negociar exclusivamente con las cúpulas de la Coordinadora y abrir consultas directas con las bases del magisterio nacional.
Si esta ruta prospera, la interlocución privilegiada de la dirigencia podría debilitarse y con ello una parte importante de su poder político.
El conflicto también obliga a observar el costo social de las movilizaciones. Tan sólo durante los paros de 2025, más de un millón de estudiantes de educación básica quedaron sin clases regulares y la propia Coordinadora anticipó que no habría reposición total de los días perdidos.
Detrás de cada cifra existe una realidad menos visible: niños con rezagos educativos, padres obligados a improvisar cuidados y comunidades enteras alterando sus rutinas escolares.
Las consecuencias económicas tampoco son menores.
Organismos empresariales han reportado pérdidas de dos mil 500 millones de pesos por los plantones y bloqueos en la Ciudad de México. Sólo en las movilizaciones recientes se estimaron afectaciones superiores a los 405 millones de pesos, además de impactos sobre miles de establecimientos y decenas de miles de trabajadores. Cuando una protesta impide el trabajo de terceros durante semanas, surge una pregunta legítima: ¿dónde termina el derecho a manifestarse y dónde comienza el derecho de los demás a producir y subsistir?
Desde la perspectiva jurídica, comerciantes y empresarios afectados tienen la posibilidad de explorar acciones legales para reclamar daños cuando consideren que existen elementos para ello. La aplicación de la ley no debe verse como una agresión a la protesta social, sino como una garantía de equilibrio entre derechos igualmente protegidos por el orden constitucional.
Las exigencias de la CNTE tampoco están exentas de debate.
La derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones profundas al sistema pensionario y demandas salariales extraordinarias implican compromisos presupuestales de enorme magnitud. Cualquier gobierno responsable debe valorar no sólo la legitimidad de las peticiones, sino también su viabilidad financiera y sus efectos sobre las finanzas públicas de largo plazo.
Quizá la pregunta ya no sea si la CNTE conserva capacidad para movilizar miles de personas. La verdadera interrogante es si sigue representando de manera efectiva a la mayoría de los trabajadores de la educación. Si el gobierno logra hablar directamente con las bases, y si la sociedad comienza a exigir responsabilidades por los costos económicos y educativos de los paros, podríamos estar presenciando algo más profundo que una negociación sindical: el inicio del declive de un modelo de presión que durante décadas pareció intocable, sería un gran logro y una forma distinta de alcanzar acuerdos y terminar con las extorsiones de muchos liderazgos que secuestran las ciudades a su antojo….
