¿Qué pasa con los contratos, las decisiones y los documentos oficiales cuando una oficina de gobierno desaparece o se transforma? Actualmente, la ley tiene un vacío que pone en riesgo esa información. Para evitar que la memoria histórica y las cuentas claras de los gobernantes se pierdan en el olvido, en el Congreso de Guanajuato se presentó una iniciativa que busca blindar y asegurar el destino de los archivos públicos.
La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Arias Ávila ante el Pleno de la LXVI Legislatura, plantea reformar la Ley de Archivos del Estado. El objetivo principal es meramente ciudadano: garantizar que las personas puedan auditar, conocer y evaluar el pasado y presente de sus gobiernos, sin importar si las dependencias que tomaron las decisiones ya no existen.
El problema actual: el limbo de la información
Arias Ávila advirtió que la legislación vigente obliga a cuidar los documentos mientras las oficinas operan, pero no dice con claridad qué hacer si una institución se extingue, se fusiona con otra o cambia de nombre.
“La historia nos demuestra que cuando una institución desaparece o modifica su estructura, los archivos pueden quedar dispersos, extraviarse o incluso terminar fuera de la custodia pública”, alertó el legislador. Cuando esto ocurre, no solo se pierden papeles, se debilita el derecho de la gente a acceder a la información y se abre la puerta a la opacidad.
¿Cómo funcionaría este blindaje? (Traducción del lenguaje técnico)
Para evitar que los archivos se deterioren o desaparezcan en la mudanza institucional, la reforma propone dos candados obligatorios:
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Responsable asignado: Si una dependencia desaparece, cambia de área o se divide, por ley se tendrá que señalar desde el primer momento qué oficina exacta se encargará de recibir, cuidar y vigilar esos documentos.
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Cuentas claras en la entrega: El proceso no se hará “de palabra”. Se exigirá un acta circunstanciada (es decir, un reporte oficial, detallado paso a paso y con validez legal) y una copia certificada que irá directo al Archivo General del Estado para que quede constancia de qué se entregó y en qué condiciones.
Con esta medida, alineada a los principios de buena gobernanza de la UNESCO, se busca entender la conservación de documentos no como un trámite burocrático, sino como la base de la transparencia. Proteger los archivos es, en el fondo, proteger la memoria colectiva de los guanajuatenses y asegurar que el poder público rinda cuentas a futuro.
