La disminución de los homicidios dolosos en México es, sin duda, una buena noticia. El Gobierno federal reporta una reducción cercana al 48 por ciento en el primer semestre de 2026, mientras Guanajuato registra una caída de 50.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.
Bienvenida cualquier vida que se salve, pero la seguridad no puede medirse solamente con muertos.
Porque mientras disminuyen los homicidios, las desapariciones siguen siendo una herida abierta y, en algunos lugares, incluso crecen. El Registro Nacional reportaba en marzo 132 mil 534 personas que permanecían desaparecidas o no localizadas; de ellas, más de 130 mil correspondían a hechos ocurridos desde 2006. Son números que deberían estremecer a cualquier gobierno.
Uno de los crímenes más horripilantes y lacerantes es precisamente la desaparición de una persona, particularmente cuando interviene el crimen organizado, y más todavía cuando existen sospechas o evidencias de participación, complicidad u omisión de autoridades. No basta con celebrar menos homicidios si miles de familias continúan preguntando dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres.
Hay además una trampa estadística que merece explicarse con absoluta claridad. Una persona localizada sin vida en una fosa clandestina no necesariamente aparece de inmediato como víctima de homicidio doloso en las cifras diarias de ese delito. La clasificación depende de la investigación ministerial y de cómo se registra el caso, por lo que desaparición y homicidio no son indicadores intercambiables.
Imaginemos la dimensión del problema: si en un día se reportaran 20 homicidios dolosos en todo el país y ese mismo día fueran localizados 30 cuerpos en fosas clandestinas, no sería correcto sumar automáticamente esos 30 casos como homicidios.
Pero tampoco sería correcto asumir que no forman parte de la violencia criminal. Allí está la diferencia entre una estadística y la realidad que padecen las familias.
Guanajuato ofrece un ejemplo particularmente doloroso. El informe de Red Lupa señala que 2025 fue el año con mayor concentración de personas que continúan desaparecidas, con 874 casos, 43.5 por ciento más que en 2024. Celaya y León concentran buena parte de los registros, precisamente en regiones marcadas por disputas entre grupos criminales.
Y mientras las autoridades buscan contener la violencia, los Semefos de distintos estados enfrentan acumulación de cuerpos, insuficiencia de personal, identificación forense pendiente y familias que esperan durante meses o años una respuesta. La crisis de desapariciones es también una crisis humanitaria y forense: encontrar un cuerpo no significa necesariamente identificarlo, y encontrarlo no significa devolverle justicia a una familia.
Peor todavía: las madres y padres buscadores realizan muchas veces el trabajo que debería corresponder al Estado. Caminan por brechas, cerros y terrenos abandonados; localizan indicios, descubren fosas y sostienen investigaciones con recursos propios. Y por hacerlo, también se han convertido en víctimas.
Artículo 19 ha documentado 43 agresiones contra personas buscadoras desde 2010: 35 fueron asesinadas y ocho permanecen desaparecidas.
El dato debería ser intolerable: Guanajuato aparece entre las entidades con más ataques contra buscadores. La Fundación para la Justicia identificó 15 buscadores asesinados o desaparecidos entre 2010 y 2025, de los cuales 11 fueron asesinados y cuatro desaparecidos; Guanajuato concentró cuatro de esos casos. Es decir, buscar a un familiar desaparecido puede convertirse en una sentencia de muerte.
¿Qué hacer? Primero, fortalecer las comisiones de búsqueda y las fiscalías con presupuesto, personal especializado y tecnología forense suficiente. Segundo, acelerar la identificación de cuerpos mediante bases de datos genéticas nacionales y coordinación entre estados. Tercero, investigar cada desaparición como un delito potencialmente vinculado con estructuras criminales, sin descartar la participación o complicidad de servidores públicos.
Y cuarto, proteger realmente a quienes buscan. Las madres y padres buscadores no deben recibir discursos, fotografías ni reconocimientos oficiales cuando lo que necesitan son garantías de seguridad, acompañamiento jurídico, herramientas de búsqueda y resultados. Un Estado que permite que quienes buscan a sus desaparecidos sean asesinados está fallando dos veces: primero con la víctima y después con su familia.
La desaparición no termina cuando pasan los días. Se instala en una casa, en una silla vacía, en un teléfono que nadie se atreve a apagar y en una madre que sigue esperando escuchar la llave en la puerta. Es una muerte suspendida, una herida que no cicatriza porque nunca existe la certeza de qué ocurrió.
Por eso hay que bajar también las desapariciones forzadas y no localizadas. La seguridad no puede presumirse solamente con menos homicidios; también debe medirse por cuántas personas regresan a casa, cuántas familias encuentran respuestas y cuántos padres y madres dejan de caminar solos por caminos rurales buscando a quienes más aman. Ahí estará la verdadera victoria contra el crimen.
