Actualmente la Guardia Nacional es un híbrido que no es ni militar ni civil, aunque la Ley por la que fue creada indica que es un ente civil. La GN tiene solo unos 23 mil elementos en su nómina y los otros 79 mil son militares o marinos que aún dependen nominalmente de sus corporaciones.
Gran parte de los 23 mil efectivos de GN son exelementos de la extinta Policía Federal. Como recordamos, muchos de ellos prefirieron no ingresar y mantuvieron protestas.
La Ley de la Guardia Nacional es un documento legal muy completo porque indica lo que debe hacer esta instancia tan importante para el tema de la seguridad en México, y no veo problema de que se quede como está, quizá con algunas modificaciones en cuanto a lo que no debe hacer para dejarlo claro.
El decreto por el cual se da a conocer la Ley referida fue en 2019, siendo ya Presidente López Obrador, de hecho él fue quien impulsó su creación y el Congreso le da forma a la normativa con la reforma previa a la Constitución para su conformación, aunque como instancia de carácter civil y no militar.
Se debe de ir perfeccionando su actuación, como el recién creado Grupo Especial de Élite (de Reacción Inmediata), que debe de replicarse o aumentar en número, para el combate efectivo al crimen organizado.
Si se reforma la Constitución para que la GN pase a depender de la Sedena o si se expidiera un “decretazo” para ello, lo que importa es que realmente sirva para mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos.
Actualmente y por Ley, la Guardia depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, aunque ella ha declarado que está a favor de que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde mayo del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente de resolver dos acciones de inconstitucionalidad, una contra la Ley de la Guardia Nacional, y otros recursos contra el acuerdo presidencial de mayo del 2020 por el que el primer mandatario ha dispuesto de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública hasta 2024.
Sin embargo, la SCJN ha omitido analizar de fondo la militarización o no de la seguridad pública en el país.
Más de práctica que de origen, la GN depende del Ejército. Lo que no se quiere, según la opinión de muchos actores sociales o políticos, es la militarización del país y me parece bueno, aunque, como digo, de facto tiene una estructura e imagen, ante la ciudadanía, de militar.
El funcionamiento es lo que se debe perfeccionar a través de la capacitación permanente, bajo el pleno respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos.
No queremos una GN que abuse de su poder, no queremos una GN que solo sea de adorno y parapeto mientras la inseguridad y la violencia campean por todas partes, así como no se desea esto de ninguna otra autoridad o dependencia.
Lo que queremos, creo, los ciudadanos, son instituciones que den resultados, capaces de utilizar la inteligencia para combatir al crimen, para prevenir hechos de violencia y actuar y reaccionar de manera eficaz y no como ha ocurrido en los narcoataques en las entidades de la República.
Cuando ha habido coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se han tenido resultados positivos, y no importa quién sea el que encabece las acciones.
La seguridad nacional y el Estado de derecho se deben preservar desde todos los ámbitos, desde todos los sectores, incluso sociales, de manera comprometida y coordinada.
Debemos crear una sinergia para el bien, capaz de contrarrestar la sinergia que se ha generado para el mal.
