El tema de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad se ha reducido, en la mayoría de los casos, en la confrontación de los grupos políticos. Por esa razón, no podemos perder de vista la discusión de fondo.
El día de hoy miércoles se votará en el pleno de la cámara de senadores la iniciativa de ampliar hasta el 2028 la colaboración de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Con diferentes estrategias la votación podría terminar en cualquier sentido, pero el tema seguirá vivo por la importancia que reviste.
Respecto a la intervención de los militares en la política pública de seguridad existen, principalmente, tres posiciones. Seguramente hay más, pero las que retomaremos aquí son las que más prevalecen. Le proponemos hacer un repaso para comprender en la situación en la que se encuentra el país en estos momentos.
POSICIÓN A FAVOR
A esta posición se mueven los partidos y los políticos que están en el gobierno y sus principales razones para mantener a las fuerzas armadas en la calle son:
Los hechos de violencia y el armamento de los grupos criminales superan a las policías locales y se hace necesario la intervención una corporación más equipada y entrenada como lo es el ejército.
Por otra parte, las fuerzas armadas es una institución en la que se puede apoyar el ejecutivo por su lealtad y disciplina. De alguna forma, se considera incorruptibles al crimen organizado.
No existen, por el momento, las condiciones para que las corporaciones civiles se hagan cargo de las tareas de seguridad. Lo que fue la Policía Federal estuvo corrompida desde los altos mandos; por lo que, fue necesaria su desaparación.
La intervención de los militares estará sujeta a un marco legal y limitada a un periodo concreto de tiempo.
POSICIÓN EN CONTRA
En esta posición se han mantenido organizaciones civiles y se han movido los partidos que ahora están en la oposición. Asumen que la participación de los militares se trata de una militarización que tiene importantes repercusiones en los diferentes ámbitos de la vida pública del país. Entre sus argumentos destacan los siguientes:
Las corporaciones dedicadas a la seguridad pública, en países democráticos, tienen un carácter civil y no participan los militares.
Esta medida significa la continuación de la estrategia de los gobiernos anteriores que también han puesto en las calles a los militares. No existiría, en este caso, ningún cambio en la política de seguridad.
Existen diferentes informes que dan cuenta del uso letal de la fuerza de los militares cuando realizan tareas de seguridad y la violación de derechos: por lo que, las organizaciones civiles se oponen con determinación.
También se cuestiona que al existir cada vez más aspectos de la vida pública del país en la que participan las fuerzas armadas, se esté dando una militarización que conduzca a un punto de no retorno.
POSICIÓN INTERMEDIA
Existe una tercera posición que los partidos no asumen, pero sí lo hacen algunos políticos en forma individual y analistas después de una valoración de la situación.
Básicamente esta posición reconoce que para establecer la paz en la mayor parte del territorio del país no se cuenta con una corporación a nivel nacional para conseguirlo.
Además, las policías estatales y municipales, en algunos casos, han sido cooptadas por el crimen organizado y en el mejor de los casos, son fácilmente superadas en recursos y operación.
En este contexto, se podría aceptar la participación de las fuerzas armadas, pero con claras condiciones, principalmente las siguientes: la creación, en un plazo determinado, de una corporación civil, un marco legal que especifique la forma de intervención, la definición de la forma en que habrán de ser juzgados en caso de violación a los derechos humanos y finalmente, que sea una intervención claramente temporal.
18 AÑOS PERDIDOS
Con todo lo anterior, parece que nos encontramos al inicio de la discusión de la participación o no de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad pública. Siendo así, habrán de transcurrir 18 años desde que los militares están en las calles y los distintos partidos políticos no han podido consensar una política de estado.
Este pendiente importantísimo ya forma parte de las características más sobresalientes del actual gobierno federal en forma negativa. La razón es muy sencilla, se ha cerrado a cualquier tipo de diálogo constructivo con la oposición y ha buscado por todos los medios mantener a las fuerzas armas en tareas de seguridad.
Mientras eso ocurre, los problemas de seguridad y violencia seguirán lastimando a los mexicanos. Si estos problemas siguen politizados no podemos esperar un futuro que despierte esperanza en los ciudadanos. Los mexicanos merecemos que las razones se impongan en la política pública de la seguridad y no el capital político de un partido o un gobernante.
