Vuelve al escenario de los medios, Leopoldo Jiménez Soto, contralor municipal, con el tema de los descuentos al predial, y los empleados municipales que fueron corridos por ésta razón.
Según el contralor, el desfalco sufrido es de 8 millones de pesos, de los cuales, ya nos informó en días pasados durante la gira por medios, que se recuperaron 255 mil pesos. Gracias que los mismos propietarios de los bienes inmuebles, se acercaron a “regularizar” su situación.
Leopoldo Jiménez cuando dio a conocer el incidente, en entrevista radiofónica, declaró que se resarciría el daño causado, a las arcas municipales, ya que los recibos de esas cuentas de predial, son falsos.
Aquí inicia el calvario de su incompetencia, Increíble que fije esa postura. Qué no sabe el funcionario que un recibo firmado y sellado por la caja de la tesorería, ingresando la misma cantidad que marca el documento de catastro, es válido legalmente y ¡no es falso ya que el recibo es original!
Sí alguien hizo un “descuento sin autorización” y se realiza el pago, el problema no es del propietario del inmueble que tiene el recibo firmado y sellado de pagado. Sino de quien hizo el descuento sin autorización y por consecuencia, del municipio.
En ésta misma primera entrevista, y nos reitera la condición, en la de días pasados; que los empleados ya fueron despedidos. Despidieron a las personas, por hacer los descuentos indebidos y presuponen (sin pruebas lógicamente), que obtuvieron un beneficio económico con su actuación.
Ya no debemos preguntarnos por quién es el genio en Desarrollo Institucional, o en Recursos Humanos, o en la Dirección jurídica, o en la mismísima Secretaría del Ayuntamiento, que autorizó despedir a las 2 personas involucradas sin pruebas de ese beneficio que obtuvieron, sino por qué no hubo nadie que lo evitara, es aquí la verdadera falla de la administración municipal.
Deben saben, que, llevar a un juicio penal o laboral a una persona, bajo una presunción de haber obtenido un beneficio por una mala práctica administrativa, es perder de antemano ese juicio. Qué no saben que cuando se descubre éstas situaciones, deben documentarse fehacientemente para que, proceda entonces la denuncia, tanto en lo penal como en lo laboral, ¡ESTANDO AÚN LABORANDO!
Además, que solo así, podrían identificar a toda la banda y proceder contra ellos, porque seguro que no son solo 2, y, por el contrario, la dejaron con capacidad de seguir operando.
Hoy nos enteramos que el importe en las liquidaciones de personal municipal, del 2017 al 2018 creció el 91.22%, al pasar de casI 60.5 millones (2017) a la exorbitante suma de 115.6 millones (2018). Y leemos una declaración por demás exhibidora de la ignorancia del Director De Desarrollo Institucional que dice “Incluso hay un precepto en la Ley de Servidores Públicos que después de 10 años, les aplica una indemnización de 3 meses”.
Qué no sabe, que a partir del primer día y así tuviese 50 años trabajando, le corresponde una liquidación de 3 meses a cualquier funcionario, por despido injustificado. Bajo estas condiciones de talento que tiene la administración municipal, es muy fácil predecir que los “inculpados”, no serán procesados ni penal, ni laboralmente. Y estarán ganando los juicios a su favor y el municipio tendrá que liquidarlos.
Leopoldo Jiménez, está mucho más cerca de cruzar esa ya muy tenue línea, y recibir una recomendación, por violar los Derechos Humanos de los presuntos inculpados; que ellos de cruzar la línea de ser declarados culpable. Y todo por su incapacidad. ¿Por favor, qué no hay nadie que controle al contralor?
