Existe muchos temas importantes en la agenda pública para revisar; sin embargo, existen dos situaciones críticas que no han acaparado la atención de los medios de comunicación, pero serían el ejemplo de situaciones extremas que se deben evitar.
Son los casos de los estados de Morelos y de Guerrero. Ambos con circunstancias diferentes, pero con una crisis de institucionalidad muy seria con grandes repercusiones en la sociedad. Revisemos cada una de ellas sin ánimos de predecir algo; por el contrario, para prevenir que situaciones como estas se expandan en el país.
ESTADO DE MORELOS
Uno de los estados más pequeños del país atraviesa por una situación muy particular, pocas veces vista en la actualidad. La semana pasada fue detenido el fiscal del estado, Uriel Carmona, por una investigación que realiza la Fiscalía de la Ciudad de México en un caso de feminicidio.
Durante estos días existe una crisis en el Poder Judicial del estado porque se busca destituir al presidente del Tribunal Superior, Luis Jorge Gamboa Olea, por presuntas irregularidades en el nombramiento de su esposa como jueza.
El 7 de agosto las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron objeto de un ataque armado y el presidente, Raúl Israel Hernández, denunció persecución política por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Un elemento constante al revisar cada uno de estos hechos es que denuncian una politización; por lo que estaríamos hablando de la politización llevada al extremo, afectando el funcionamiento de las instituciones.
Esta problemática es muy seria porque los recursos del estado y la atención está en la disputa política y no en resolver los problemas de la entidad.
Veremos si en las próximas semanas o meses, los morelenses logran salir de esta situación o se mantiene con otras manifestaciones.
ESTADO DE GUERRERO
El otro caso se refiere al estado de Guerrero que viene arrastrando desde hace tiempo una problemática en donde está presente el crimen organizado.
Ya desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se destapó la vinculación entre grupos delictivos y autoridades de todos los niveles de gobierno.
Ya en meses anteriores se hablaba del control que ejerce el crimen organizado en la comercialización de ciertos productos como el pollo y que provocó una situación de desabasto a mediados de 2022.
Más recientemente se desató una ola de violencia en donde aparecían mensajes dirigidos a las autoridades municipales. Posteriormente, se dieron a conocer imágenes de la reunión entre la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el líder de grupo identificado como: “Los Ardillos”. La alcaldesa declaró que estaba abierta a cualquier investigación, que no existía pacto con el crimen organizado y se mantuvo en el cargo.
Un momento álgido se vivió en las manifestaciones sociales en donde fueron tomadas las instalaciones del Congreso del estado y se retuvieron por la fuerza a elementos de las fuerzas estatales y de la Guardia Nacional. Después se daría a conocer que detrás de estos manifestantes se encontraba el crimen organizado.
En día anteriores, sufrió un ataque armado: Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora y sobrina del senador Salgado Macedonio. En sus declaraciones acusa directamente al presidente municipal de Iguala.
Aspectos de esta situación se han observado en otros estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, pero todo se desarrolla entre mucha confusión y señalamientos sin pruebas.
El caso es que todo lo que toca el crimen organizado, así sea para buscar calmar las aguas, termina descompuesto. Explicaciones y causas hay muchas, pero habremos de mencionar que el crimen organizado solamente responde la lógica de sus intereses y actúa en la sombra.
LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES
Estas realidades son una advertencia para el resto de los estados y del propio país. No sabemos si es a tiempo o tarde, pero sí nos muestra que la vigorosidad de las instituciones es muy importante para la vida del país y de manera muy concreta, para los propios ciudadanos.
Afectar a las instituciones es provocar una parálisis que deja a los ciudadanos desprotegidos. No es cualquier cosa, si consideramos que ya el ciudadano en estos momentos cree con mucha facilidad que detrás de las instituciones existen historias de corrupción y de complot sobre cualquier bien común o interés público.
