Guanajuato, Gto., 21 de abril de 2026.- Como parte del orden del día se dio seguimiento a cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios que buscan garantizar a las personas servidoras públicas el derecho a desarrollarse en ambientes laborales libres de violencia y acoso de cualquier tipo; se otorguen permisos para realización de exámenes médicos de prevención y detección de cáncer; se proteja el derecho a la libertad y a la autonomía sindical para las cuales se llevarán a cabo mesas de trabajo el 28 de abril.
Otra más que propone cambios a la Ley de Profesiones para proteger en forma preventiva el derecho de los profesionistas, entre ellos, los abogados, para negar, suspender o abandonar la prestación del servicio profesional; una de reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para reforzar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos, fortaleciendo la vigilancia del uso de los recursos; y la última de reforma a la Ley de Planeación estatal con el objeto de evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la erradicación de la pobreza. Para todas se realizarán mesas de trabajo el 5 de mayo.
Iniciativas
En la reunión se dio cuenta de seis iniciativas. La primera plantea cambios a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de agilizar mecanismos de justicia en favor del interés superior de la niñez. Ésta se enviará a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con 20 días para enviar sus comentarios.
Además, se generará el proceso de consulta con niños, niñas y adolescentes y se celebrará una mesa de trabajo.
La segunda propone ajustes a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de incorporación del Anexo Transversal de Género en el proceso de planeación, programación, presupuestación, evaluación y fiscalización del gasto público. Para su estudio se remitirá a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres, al IPLANEG, a la Secretaría de Finanzas y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con 20 días hábiles para enviar sus comentarios, y se llevará a cabo una mesa de trabajo
La cuarta plantea cambios a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. En este caso se enviará a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir los comentarios, y se realizará una mesa de trabajo.
La tercera de reforma a la Constitución Política local, a fin de fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control democrático del poder público, al tiempo que combate privilegios y reduce espacios de concentración política, lo que puede traducirse en instituciones más cercanas al pueblo y en un mejor uso de los recursos públicos; la quinta se trata de la iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objeto de armonizar el marco constitucional y legal del Estado de Guanajuato con las reformas federales en materia político-electoral; y la sexta propone reformas a la Carta Magna con el propósito de fortalecer la legitimidad directa en el sistema de representación proporcional y potenciar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva.
Las tres se remitirán al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Estatal Electoral y a los partidos políticos con registro nacional y representación en el estado, quienes contarán con un término de 3 días para remitir los comentarios.
Todas las iniciativas se enviarán a la Consejería Jurídica y se establecerán enlaces en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana.
La última se trata de una propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la Presidencia de la República, para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, y en atención a la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada, adopte una postura institucional orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional, el diálogo constructivo y la implementación efectiva de medidas que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones de personas en el país.
Asimismo, para que, en congruencia con las acciones propuestas por dicho Comité a la Asamblea General, promueva, facilite y, en su caso, acepte el acceso a mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada internacional, particularmente en las áreas de búsqueda de personas, análisis e identificación forense, así como en la investigación exhaustiva de las desapariciones y de los posibles vínculos entre agentes del Estado y la delincuencia organizada.
