Guanajuato, Gto., 18 de junio de 2026.- El Congreso del Estado de Guanajuato ya tiene en la mesa la ruta crítica para implementar la reforma judicial a nivel local. Las bancadas del PAN y la representación del PRD presentaron formalmente la iniciativa para armonizar la Constitución del Estado con los lineamientos federales, revelando detalles clave: las elecciones de jueces y magistrados locales se realizarán hasta el primer domingo de junio de 2028.
Con esta propuesta, los actuales juzgadores, magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado permanecerán en sus cargos de manera extendida hasta el año 2028, concluyendo sus funciones formalmente el día en que los nuevos integrantes electos rindan protesta.
Los puntos clave de la propuesta en Guanajuato
Para evitar un vacío legal y garantizar orden en la transición, la iniciativa plantea tres modificaciones e inclusiones principales que cambiarán las reglas del juego en la entidad:
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Comisión Coordinadora con “filtro” de género: Se creará un órgano responsable de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales, aplicar exámenes de conocimientos y, de manera estricta, asegurar que se cumpla con el principio de paridad de género.
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Apertura a perfiles externos: Uno de los cambios más drásticos es la reducción del requisito de residencia en Guanajuato. Se propone pasar de cinco años a solo un año de residencia obligatoria anterior a la convocatoria, abriendo la puerta a perfiles de otras regiones.
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Candado para “chapulines”: La reforma incluye una disposición que obliga a cualquier magistrado o juzgador en funciones que decida competir por un cargo de elección popular distinto al judicial a separarse de su puesto mediante una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse.
“La justicia no es una concesión del poder”
Al defender la propuesta en tribuna, la diputada Susana Bermúdez Cano enfatizó la necesidad de realizar este proceso de transición con absoluta certeza jurídica y respeto a la autonomía institucional de Guanajuato.
“La justicia no es una concesión del poder, es la garantía más importante que tiene la ciudadanía frente al poder mismo”, señaló la legisladora, apuntando que el blindaje del Poder Judicial es clave para mantener la confianza de los ciudadanos en la resolución imparcial de sus conflictos.
El costo de la democracia judicial
Finalmente, la propuesta contempla el impacto financiero que implicará este inédito proceso electoral. El proyecto plantea un exhorto directo tanto al Poder Judicial del Estado como al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) para que comiencen a planificar y etiquetar los presupuestos necesarios para los ejercicios fiscales de los años 2027 y 2028, asegurando que la logística de los comicios no comprometa la operación diaria de la justicia en la entidad.
