Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2023.– Convocadas por la Comisión de Salud Pública se realizaron dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado.
Anexos
En la primera mesa de trabajo se llevó a cabo el análisis de la iniciativa para adicionar un capítulo denominado De los Centros de Rehabilitación y Atención de Adicciones a la Ley de Salud del Estado.
La propuesta tiene como finalidad dar certeza jurídica a los establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento; establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos; evitar la existencia de establecimientos clandestinos para el tratamiento y atención de las adicciones; y coadyuvar a eliminar los malos tratos, vejaciones y abusos que se cometen al interior de los centros.
Vicente Vázquez Bustos de la Coordinación General Jurídica comentó que las atribuciones que se tienen como entidad se encuentran en el artículo 4 constitucional y en al Ley General de Salud están establecidos los aspectos que serán regulados por ésta, entre los que se encuentran los programas contra la farmacodependencia y en dicha norma se detalla el tratamiento para esos sitios, por lo que no hay competencia para legislar en ese rubro.
La diputada Angélica Casillas Martínez comentó que la propuesta de organizar los centros que presten los servicios de salud contra las adicciones no era viable, al ser facultades concedidas al Congreso de la Unión, que si bien el problema se ha extendido en el estado y es complicado por cómo se ha generado, era importante continuar impulsando los programas que se tienen en la entidad en materia de prevención y poder salvaguardar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Por su parte, la congresista Irma Leticia González Sánchez cuestionó si se llevaban a cabo por parte de la Secretaría de Salud vigilancia y si se cuenta con una bitácora sobre las condiciones en las que se encuentran los que han sido verificados.
En los trabajos estuvieron presentas las diputadas Irma Leticia González Sánchez, Angélica Casillas Martínez y Katya Cristina Soto Escamilla; así como Juana Marisol Villafaña Castillo y Candelaria Navarro Barrón del Instituto de Salud Pública del Estado; Vicente Vázquez Bustos y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica y asesores de distintos grupos parlamentarios.
Muerte fetal y perinatal
Posteriormente se dialogó sobre la propuesta que tiene como objeto ampliar y proteger los derechos de las madres y de los padres que han sufrido una muerte fetal y perinatal.
La congresista Martha Lourdes Ortega Roque comentó que para quienes desean ser padres la pérdida fetal o neonatal es un suceso impactante, que muchas veces se vive en silencio y dura años para poder ser superado y, en ocasiones, no se supera.
Agregó que, Guanajuato es de los estados que tiene porcentajes más altos de muertes fetales, con 9.5%, solo después de Aguascalientes que registra 10.6%; que entre las causas principales de muerte fetal se encuentra, en primer lugar, las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto; y en segundo lugar, los trastornos en el periodo perinatal.
También manifestó que tanto a nivel federal como en diversos estados ya se tiene regulado el tema. En materia de salud, busca especificar en las acciones materno infantil la atención integral y multidisciplinaria de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, incluyendo los casos en los que haya muerte fetal o perinatal; garantizar el acompañamiento a las mujeres durante esas etapas; que se integren comités que estudien la mortalidad fetal y perinatal; se brinde atención integral y multidisciplinaria de la muerte fetal y perinatal, a fin de garantizar el trato digno; se capacite al personal; y poder solicitar se asigne un nombre propio para ser asentado en el certificado de muerte fetal o perinatal, entre otras.
El representante de la Coordinación General Jurídica, Vicente Vázquez Bustos, comentó que la legislación federal es la que regula la atención materno fetal, que no se tienen facultades y, dado que la iniciativa está basada en una propuesta hecha en el Senado de la República, aún falta que se concluya el trámite legislativo correspondiente, por lo que señaló que no sería procedente.
Francisco Magos de la Secretaría de Salud apuntó que las estadísticas mencionadas también se deben a que en la entidad se tiene un registro transparente y que quienes menos llenan el registro de muerte fetal son las instituciones de salud federales como IMSS, SEDENA, PEMEX. Indicó que la infraestructura real de diversas instituciones no permite dar la oportunidad de duelo cuando existe una pérdida fetal, sobre todo en nosocomios de carácter federal, ya que a nivel estado se cuentan con lugares específicos para ello y se brinda un trato multidisciplinario.
Por su parte, la legisladora Martha Lourdes Ortega Roque subrayó que la propuesta surgió de la necesidad de muchos guanajuatenses que expresaron que no se cuenta con protocolos de atención para cuando suceden dichos acontecimientos, ni en el sector público ni en el privado. Enfatizó que le hubiera gustado presenciar una discusión de cómo sí hacer que funcione la propuesta.
En su intervención, la congresista Katya Cristina Soto Escamilla manifestó que sin duda los padres y madres esperan con amor y esperanza a sus hijos, y que era natural que ante una pérdida puedan sentir desesperanza, dolor y frustración. Sin embargo, dijo, había que reconocer que en la entidad hay acciones que ya se contemplan, que se tenía que esperar la reforma federal para ver qué consideraciones se deben hacer en la legislación local y que el acompañamiento no únicamente deriva del sector salud, sino de la familia y la sociedad.
En los trabajos estuvieron presentas las diputadas Irma Leticia González Sánchez, Angélica Casillas Martínez, Katya Cristina Soto Escamilla y Martha Lourdes Ortega Roque; así como Francisco Magos, Noemí Flores y María Guadalupe Magaña González del Instituto de Salud Pública del Estado; Vicente Vázquez Bustos y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica; Enrique Orozco Mora de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y asesores de distintos grupos parlamentarios.
