León, Gto. a 12 de agosto de 2022.- El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) encabezado por Luis Gerardo González pidió a las autoridades que se castigue a los violentadores de los hechos del pasado martes en la ciudad.
Repudiaron los actos donde la sociedad se vio vulnerada y exigieron a las autoridades que no haya más impunidad.
“Nuestro llamado a las autoridades y a todos los guanajuatenses es para mantenernos unidos, rechazar la violencia en todas sus manifestaciones y denunciar cualquier hecho delictivo, reconociendo que un entorno seguro requiere de la participación de todos”, se informó mediante un comunicado de prensa.
Además solicitaron a las autoridades correspondientes mejores estrategias coordinadas para que en conjunto con la ciudadanía se puedan evitar estos actos.
Aseguraron que ante los graves ataques perpetrados esta semana en municipios de Jalisco y Guanajuato, los empresarios de León reprueban los hechos.
“Reprobamos y repudiamos enérgicamente estos hechos que violentan la paz, la tranquilidad y el orden en nuestras ciudades”.
Además aseguraron que la intención dolosa de la delincuencia por afectar la percepción de seguridad y estabilidad entre los guanajuatenses que no puede prevalecer, y más bien debe ser enfrentada con acciones contundentes que lleven a la justicia a los autores de estos ataques, mandando un mensaje claro de que en Guanajuato no hay cabida para los violentos y se castiga con todo el peso de la ley a quienes pretenden hacer daño con la violencia y la delincuencia.
“Nos preocupa la inseguridad que hemos venido enfrentando, no solo por los graves daños a la vida y patrimonio de muchas familias guanajuatenses, sino por el enrarecimiento del ambiente que intenta poner en riesgo el trabajo comprometido de quienes tratamos de construir un León y un Guanajuato con más y mejores oportunidades de bienestar para todos”.
Aseguraron que en este propósito, los organismos empresariales reiteran su respaldo a las autoridades a fin de que fortalezcan las medidas de seguridad con una mejor coordinación entre las instancias responsables de la seguridad y de la procuración e impartición de justicia de los tres niveles de gobierno, implementando estrategias más eficaces para evitar que estos hechos se repitan y puedan quedar impunes.
