Guanajuato, Gto., 19 de noviembre de 2026.- En medio de la discusión sobre el verdadero impacto de los apoyos gubernamentales en los hogares del estado, el grupo parlamentario de Morena volvió a poner el dedo en la llaga: exigir cuentas claras sobre la efectividad de la política social estatal. A través de un punto de acuerdo, la bancada pidió exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) evalúe en 2027 si las acciones del Gobierno del Estado realmente están abatiendo la pobreza.
El encargado de presentar la propuesta en tribuna fue el diputado David Martínez Mendizábal, quien en reiteradas ocasiones ha insistido en la urgencia de someter a lupa el gasto social de la entidad para evitar que los recursos públicos se ejerzan sin resultados medibles. Además de incluir este análisis en la Agenda Anual de Evaluación 2027, el exhorto pide etiquetar presupuesto específico para ello dentro del paquete fiscal del próximo año.
Durante su intervención, el legislador respaldó su exigencia con cifras nacionales y locales. Citó datos del Banco Mundial y del INEGI que muestran una caída significativa de la pobreza en México entre 2018 y 2026, impulsada por el alza salarial y las transferencias federales. Sin embargo, advirtió que en Guanajuato aún existen un millón 642 mil 900 personas en situación de pobreza, pese a que el indicador multidimensional bajó del 33% al 26% entre 2022 y 2024.
¿Cuánto aporta realmente el Estado?
Para Martínez Mendizábal, el bolsillo de las familias guanajuatenses recibe alivio de distintas fuentes —como el salario, las remesas y los programas federales—, por lo que resulta indispensable aislar los datos y saber qué peso específico tienen las acciones de la administración estatal en esa reducción.
El congresista subrayó que evaluar las políticas públicas no es un trámite burocrático, sino una herramienta para corregir fallas, reorientar el dinero y garantizar que la ciudadanía sepa exactamente qué hace su gobierno para combatir la desigualdad.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.



