Guanajuato, Gto., 19 de noviembre de 2026.- Las personas migrantes que retornan a Guanajuato, las mujeres en situación de riesgo y las comunidades indígenas tendrán mayores garantías legales y respaldo institucional. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso local aprobó por unanimidad el dictamen que fusiona tres reformas a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias, enfocadas en garantizar empleo, acceso a la justicia y protección contra la violencia.
La reforma obliga a las autoridades estatales y municipales a crear programas específicos para integrar al campo laboral a quienes regresan al estado. Además, establece que las campañas sobre derechos migrantes deberán difundirse en lenguas indígenas y en Lengua de Señas Mexicana, eliminando barreras de comunicación en regiones como el norte, noreste y la Sierra Gorda.
Para las mujeres migrantes que enfrenten violencia, discriminación o riesgo, el Estado y los ayuntamientos —sujetos a disponibilidad presupuestaria— deberán garantizar refugios, asesoría jurídica y atención psicológica gratuita, rutas de denuncia seguras y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Mayor voz ciudadana y accesibilidad universal
El decreto también abre las puertas del Consejo Consultivo de Migración para que las decisiones públicas no se tomen solo desde el escritorio: ahora integrará a cinco representantes de clubes o asociaciones de migrantes en el extranjero y a tres integrantes de la sociedad civil.
Durante la sesión, en la que participaron ciudadanos de pueblos indígenas y personas con discapacidad, Christian Mendoza Vázquez advirtió sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad universal para que los migrantes con discapacidad no queden fuera de los programas de apoyo. La diputada Noemí Márquez Márquez retomó el planteamiento y logró aprobar una reserva al artículo 16 para blindar este derecho.
Por su parte, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos subrayó que la movilidad humana es parte de la vida diaria en el norte y noreste del estado, por lo que urgió a mantener una vigilancia permanente para que estos derechos lleguen a las comunidades más apartadas. En tanto, la presidenta de la comisión, Yesenia Rojas Cervantes, destacó que la reforma protege la unión familiar, el interés superior de la niñez y el derecho a una defensa digna ante detenciones migratorias.
Van contra explotación infantil
En la misma jornada, la comisión dio entrada a una nueva iniciativa para frenar de inmediato la explotación, la inducción a la mendicidad y la captación ilegal de niñas, niños y adolescentes migrantes.
La propuesta será enviada a consulta con dependencias estatales, organizaciones y a un ejercicio participativo dirigido específicamente a menores de edad y personas con discapacidad durante los próximos 10 días hábiles antes de su dictaminación.



