Guanajuato, Gto., 9 de noviembre de 2026.- La reforma a la Ley del Notariado busca poner fin a las irregularidades operativas y vacíos legales que derivan en escándalos públicos y, sobre todo, en graves afectaciones al patrimonio de las y los ciudadanos. El diputado Alejandro Arias Ávila, coordinador de la bancada del PRI, sostuvo que la delegación de la fe pública por parte del Estado exige filtros y controles rigurosos que eviten malas prácticas en el ejercicio notarial.
El legislador explicó que el objetivo central de ajustar el marco legal es evitar situaciones anómalas que se han vuelto recurrentes. Arias Ávila aclaró que no se trata de calificar a todo el gremio como corrompido, pero sí de asumir con responsabilidad que existen deficiencias notorias que han derivado en irregularidades mediáticas, fallas que incluso los propios notarios han llegado a reconocer durante los trabajos de análisis.
Entre los focos rojos identificados dentro del ejercicio notarial, Arias destacó procedimientos al margen de la ley en trámites de alta sensibilidad social, como la elaboración de testamentos. Ejemplificó casos donde la norma exige que el notario constate la plena capacidad del testador, pero en la práctica se han presentado situaciones donde terceros manipulan la firma de personas incapaces de manifestar su voluntad, vulnerando por completo la certeza jurídica.
El proceso de consulta incluyó mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Justicia con la participación de notarios en funciones de municipios como Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas y San Francisco del Rincón. Arias Ávila resaltó la importancia de escuchar las vivencias cotidianas de los fedatarios para enriquecer el dictamen, abordando aspectos clave como la delimitación de su figura frente a las autoridades y la urgencia de fijar sanciones claras tanto para usuarios como para notarios en caso de falsificación de información.
Finalmente, el diputado subrayó que el Congreso del Estado asumirá una determinación estrictamente legislativa para blindar el patrimonio de la población. Recordó que el gremio notarial mantiene a salvo su derecho de acudir a las instancias de inconstitucionalidad si consideran que la resolución vulnera sus garantías, reafirmando que el compromiso de la LXV Legislatura es anteponer la protección ciudadana.
