Nicaragua es una dolorosa lección para América Latina. Demuestra que una revolución puede derrocar a una dictadura y, con el paso de los años, terminar edificando otra. La historia no siempre avanza en línea recta hacia la libertad; a veces regresa sobre sus propios pasos con nuevos protagonistas y los mismos viejos vicios.
Durante más de cuatro décadas, la dinastía de los Somoza gobernó con mano de hierro, persiguiendo opositores, restringiendo libertades y confundiendo los intereses del Estado con los de una familia. Aquella concentración del poder despertó el rechazo de buena parte del continente y abrió paso a una nueva esperanza democrática.
En 1979, el gobierno de José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Anastasio Somoza Debayle. México envió entonces un mensaje ejemplar: la soberanía de los pueblos jamás debía convertirse en escondite diplomático para las dictaduras. Aquella postura alentó a otros países a aislar al régimen y respaldar la transición.
La llegada del sandinismo despertó enormes expectativas. Muchos creyeron que Nicaragua iniciaría una etapa de pluralidad, respeto a las instituciones y reconciliación nacional. La promesa consistía en sustituir el autoritarismo por una democracia donde el poder emanara verdaderamente de la voluntad ciudadana.
Con el paso de los años ocurrió exactamente lo contrario. Daniel Ortega regresó al poder y comenzó un proceso sistemático de concentración política. Poco a poco fueron debilitándose los contrapesos, reduciéndose los espacios de crítica y subordinándose las instituciones al proyecto personal del gobernante.
La independencia entre los poderes dejó de ser una garantía para convertirse en una simple escenografía institucional. Los órganos electorales perdieron credibilidad, el Poder Judicial dejó de actuar como árbitro independiente y los demás contrapesos fueron cooptados, sometidos o, sencillamente, borrados del libreto.
La persecución política sustituyó al debate democrático. Aspirantes presidenciales fueron encarcelados, dirigentes opositores obligados al exilio, periodistas perseguidos y medios de comunicación clausurados. La competencia electoral dejó de existir cuando competir se convirtió prácticamente en un delito.
El absurdo alcanzó niveles dignos de una tragicomedia. Daniel Ortega sostiene que en Nicaragua existen elecciones, pero no admite contendientes capaces de disputarle el poder. Es la novedosa teoría de la democracia sin demócratas: votar sí, elegir no; opositores, mucho menos.
La democracia jamás puede reducirse a una etiqueta ideológica. No pertenece a la derecha ni a la izquierda. Su esencia descansa en dos palabras de origen griego: demos, pueblo, y kratos, poder. Es el pueblo quien decide, quien cambia gobiernos y quien conserva siempre el derecho de disentir.
Por ello, cuando la política exterior habla de la autodeterminación de los pueblos, el énfasis debe colocarse precisamente en los pueblos y nunca en quienes gobiernan. Defender ese principio significa respaldar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su destino, incluso cuando el resultado incomode al poder.
La defensa de la democracia representa una de las expresiones más elevadas de los derechos humanos. No admite excepciones por simpatías ideológicas, afinidades partidistas ni conveniencias geopolíticas. La libertad de votar, expresarse y organizarse constituye un patrimonio universal que ninguna causa política debería sacrificar.
Nicaragua recuerda que las instituciones democráticas no desaparecen de un día para otro; se erosionan lentamente entre silencios, complacencias y renuncias. Cuando los contrapesos dejan de existir y la crítica se convierte en traición, el autoritarismo ya encontró su mejor aliado. Y mientras Cuba permanece como otra asignatura pendiente de la libertad, esa… como decía la nana Goya, es otra historia.
