Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Ante los hechos registrados este fin de semana en la capital del estado, donde seis jóvenes —cinco de ellos pertenecientes a la comunidad de la Universidad de Guanajuato (UG)— fueron detenidos y presuntamente agredidos por elementos de la Policía Municipal, el diputado federal Francisco Estrada exigió una investigación rigurosa que determine responsabilidades administrativas y penales dentro de la corporación.
Los jóvenes afectados denunciaron agresiones físicas y violaciones a sus derechos durante su detención y traslado. En respuesta a las denuncias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana separó temporalmente de sus funciones operativas a seis elementos mientras Asuntos Internos y las autoridades correspondientes deslindan responsabilidades.
Sin embargo, el legislador federal advirtió que las medidas preventivas adoptadas por el municipio no resultan suficientes para garantizar justicia.
“Separar temporalmente a los elementos mientras pasa la indignación social no puede ser la única respuesta. Necesitamos saber qué ocurrió, quién participó, quién dio las órdenes y si existieron fallas u omisiones dentro de la cadena de mando”, aseveró Estrada.
El diputado subrayó que las indagatorias deben llegar hasta las últimas consecuencias, derivando en la destitución de los implicados y sanciones penales o administrativas si se acreditan los abusos, evaluando también la posible omisión de supervisión por parte de los mandos a cargo.
Señalamientos se extienden a otros municipios
Francisco Estrada alertó sobre un patrón preocupante en diversas corporaciones locales de la entidad. Citó como ejemplos las denuncias en San Diego de la Unión por la detención de dos mujeres adultas mayores, y en Dolores Hidalgo por presuntos abusos cometidos contra una comerciante.
“Cada caso tiene circunstancias distintas y debe investigarse individualmente. Pero la repetición de señalamientos obliga a revisar seriamente cómo están actuando algunas corporaciones municipales y qué mecanismos existen para prevenir abusos”, sostuvo.
Urgen avances sobre el caso Leobardo en San Diego de la Unión
Durante su pronunciamiento, el diputado hizo un llamado directo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) para que presente un informe público sobre la muerte de Leobardo, joven de San Diego de la Unión fallecido el pasado 18 de agosto en hechos aún no esclarecidos.
Familiares del joven y habitantes del municipio han señalado la presunta intervención de policías locales en el suceso, por lo que el legislador demandó transparencia sobre los peritajes, las declaraciones tomadas y el estatus de los servidores públicos involucrados.
“Ha pasado más de un mes. La familia de Leobardo merece saber qué ocurrió. Le pedimos al fiscal que informe qué avances existen, si ya declararon todos los elementos relacionados con los acontecimientos, qué indican los peritajes y si existen servidores públicos bajo investigación”, manifestó.
Estrada concluyó señalando que estas exigencias se mantendrán vigentes sin distinción de partidos o municipios, enfatizando que la labor policial debe brindar seguridad a la población: “La policía está para proteger a la ciudadanía, no para que la ciudadanía tenga miedo de la policía. Hoy exigimos tres cosas muy concretas: verdad, responsabilidades y garantías de no repetición”.
