Ciudad de México, 17 de junio de 2026.- Mediante una tarjeta informativa, el IMSS-Bienestar intenta minimizar que su auditor externo se abstuvo de emitir una opinión sobre los estados financieros de 2025 por no contar con evidencia suficiente. Ahora pretende utilizar la propia falta de información que impidió concluir la auditoría para sostener que no se acreditó fraude o daño patrimonial. En otras palabras, considera que basta con obstaculizar la fiscalización para después alegar que no existen elementos para demostrar irregularidades.
El IMSS-Bienestar tiene la obligación de contar con registros completos y documentación comprobatoria. Es terrible que el organismo no explique por qué no pudieron verificarse cuentas por cobrar, inventarios y deudas con proveedores; por qué sus registros de ingresos presentaron deficiencias; por qué la información se entregó fuera de plazo. Tampoco aclara la falta de evidencia sobre los casi 27 mil millones ejercidos por encima del presupuesto original de 2025.
El IMSS-Bienestar debe someterse a auditorías externas, independientes y periódicas, y corregir las irregularidades encontradas en su gestión, en lugar de descalificar a quienes revisan su manejo de los recursos públicos.
No se trata únicamente del dictamen de un despacho privado. La Auditoría Superior de la Federación ya había documentado en 2024 deficiencias de control interno, pagos improcedentes, falta de inventarios, bienes sin destino acreditado y más de 2.2 millones de pesos pendientes por aclarar.
También identificó pagos a 3 mil 155 trabajadores en 51 niveles no autorizados, omisiones en la aplicación de penalizaciones a proveedores y un subejercicio superior a 25 mil millones de pesos.
Las irregularidades sí están documentadas. Lo que todavía no se conoce es su alcance completo, precisamente porque el organismo no ha entregado información suficiente para evaluar su operación.
El ex presidente López Obrador y Morena desaparecieron el Seguro Popular con el argumento de combatir la corrupción. Siete años después, dejaron una institución más centralizada, pero con menos mecanismos de rendición de cuentas.
El Seguro Popular permitía conocer cuántas personas estaban afiliadas, qué enfermedades se cubrían, cuánto dinero correspondía a cada entidad, en qué se utilizaban los recursos y cuántos casos de enfermedades catastróficas eran financiados. Con el INSABI y ahora con el IMSS-Bienestar, ese esquema fue sustituido por una promesa general de gratuidad, sin padrones claros, indicadores verificables ni reglas financieras.
Prometieron gratuidad, pero hoy no pueden demostrar con claridad cuántas personas atienden, qué tratamientos financian ni cuántos pacientes permanecen sin atención.
También disminuyó la transparencia sobre las enfermedades graves, el Fondo de Salud para el Bienestar y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA. Los estados sostienen que ya no deben informar sobre recursos que dejaron de administrar, mientras que la Federación concentra el dinero sin publicar información suficiente y comparable. El resultado es que nadie se hace responsable dentro del IMSS-Bienestar.
El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026 confirma este retroceso. Guanajuato se ubicó entre las entidades con mejores niveles de transparencia, junto con Jalisco y Querétaro. Estos estados no entregaron sus sistemas al IMSS-Bienestar, lo que ha permitido preservar mejores prácticas de rendición de cuentas y acceso a la información, mientras que la mayoría de las entidades adheridas y gobernadas por Morena presenta resultados deficientes.
Morena desapareció el Seguro Popular con el pretexto de combatir la corrupción. Siete años después, dejó un sistema más opaco, menos evaluable y mucho más difícil de fiscalizar.
