Guanajuato, Gto., 10 de junio de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado dio un paso importante a favor de la inclusión al aprobar un dictamen para exhortar formalmente a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a dar respuesta inmediata a las solicitudes de ciudadanos que exigen su derecho a una pensión no contributiva por discapacidad permanente.
El llamado del Poder Legislativo no es menor: pide al Gobierno del Estado realizar de manera urgente las adecuaciones en el presupuesto para asegurar que existan recursos suficientes y oportunos. El objetivo es claro: garantizar que las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años en Guanajuato, reciban este apoyo económico sin retrasos, cumpliendo además con lo dictado en un juicio de amparo (938/2025-I).
En la misma sesión, los diputados ordenaron archivar de forma definitiva una propuesta alterna que buscaba prohibir al Gobierno del Estado “litigar” o alargar los procesos legales relacionados con estas pensiones, argumentando que las medidas para normar y asegurar el acceso al recurso ya están sobre la mesa.
Frenan requisitos “excluyentes” para la PRODHEG
Otro de los temas que encendió el debate fue la propuesta de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado, la cual buscaba cambiar las reglas para elegir al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG).
El diputado David Martínez Mendizábal defendió la iniciativa señalando que era necesario fortalecer el perfil de quien encabece el organismo para darle mayor credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, la legisladora Ana María Esquivel Arrona argumentó que la propuesta era inviable y discriminatoria, ya que pretendía exigir de forma obligatoria posgrados especializados y la licenciatura en derecho, excluyendo a otros perfiles preparados. Además, criticó que se pretendiera prohibir al procurador ocupar otros cargos públicos durante los cinco años posteriores a su salida. Finalmente, la propuesta fue enviada al archivo.
Agua, discursos de odio y combate a la discriminación
La Comisión también dejó lista la agenda para el próximo 15 de julio, fecha en la que se instalarán mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de gran relevancia social:
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Violencia hídrica de género: Una reforma a la Ley de Pueblos Indígenas para impulsar una gestión democrática del agua y visibilizar la violencia hídrica hacia las mujeres.
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Discursos de odio: Ajustes a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, con el fin de prohibir y visibilizar las consecuencias de los mensajes de odio en la entidad.
Para cerrar la jornada, los legisladores dieron seguimiento a un acuerdo que busca que los tres poderes del estado, los municipios y los organismos autónomos cumplan con las medidas de inclusión vigentes. Como parte de esto, se aprobó colocar señalética formal contra la discriminación en el propio edificio del Congreso, dando un plazo de 10 días a las autoridades correspondientes para reportar sus avances en la materia.
