Guanajuato, Gto., ,16 de marzo de 2023.- El presidente de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, logró burlar un procedimiento legislativo histórico: comparecer ante el Poder Legislativo y argumentar la razón por la cual no aceptaba una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
En lugar de un argumento, el alcalde del extinto Partido Redes Sociales Progresistas, el mismo que dijo que fue asaltado en una carretera y les quitaron sus pertenencias a él y a sus escoltas, solo dijo que en ese proceso la víctima fue él y no la regidora a quien golpeó.
QUÉ PASÓ
En noviembre de 2017, cuando Castillo Cantero era un cómodo militante del PRI, dejó estallar la crisis en el Ayuntamiento de San Diego de la Unión. Eran múltiples las faltas de respeto contra los regidores a quienes, a decir de ellos mismos, trataba como empleados.
De los insultos, a los golpes. Las entonces regidoras Marisela Torres y Esperanza Gaspar, acusaron haber recibido golpes y jalones de parte del alcalde al término de una sesión de ayuntamiento que se habría celebrado un 14 de noviembre de 2017 y, de ello, hubo constancia en medios de comunicación así como en algunos videos cortos que se subieron a redes sociales.
A partir de ahí el Ministerio Público habría recibido las pruebas e inició la investigación en la carpeta número 1177829/17 en contra del presidente municipal quien, por supuesto, estaba de conocimiento de los hechos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también abrió un expediente de queja con el número 101/17-D que, de igual manera, fue dirigido para que el alcalde pidiera disculpas públicas a su compañera de Ayuntamiento.
Nada de eso pasó. Juan Carlos Castillo Cantero se enojó con todos, hasta con su partido y se dispuso a buscar la reelección por el naciente PRS donde ganó. Su red de apoyo no lo dejó solo aunque, sobre él pesaban ya las acusaciones.
CAMBIO A LA LEY
El 20 de octubre del año pasado el Congreso de Guanajuato recibió la propuesta de cambio a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos.
Con las reformas a esa ley se faculta solicitar la comparecencia de las autoridades quienes no han dado cumplimiento a las recomendaciones de la Prodheg y dar seguimiento a las víctimas.
“La presente iniciativa pretende que la facultad de hacer comparecer a las autoridades o servidores públicos ante el Congreso del Estado, sea potestad de esta soberanía preferentemente, a la par de la solicitud que en su momento pudiera realizar el organismo protector de los derechos humanos en nuestro estado”, argumentó la diputada Ruth Tiscareño.
¿SE CUMPLIÓ?
Este miércoles el alcalde de San Diego de la Unión fue el primero en la historia de Guanajuato para comparecer sobre su negativa de pedir disculpas públicas por las agresiones físicas contra una regidora en el 2017.
Fue una sesión que encabezó el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, David Martínez Mendizabal y, como asistente el propio Ombudsperson guanajuatense, Vicente Esqueda Méndez.
La comisión legislativa estuvo presente en el salón del Poder Legislativo, pero también la red de apoyo del alcalde. Mujeres, en su mayoría, quienes portaban pancartas en apoyo al munícipe. Por cierto, cada crisis en San Diego de la Unión, llegaban mujeres con pancartas para respaldar al alcalde.
Esta vez se esgrimieron argumentos de los legisladores, se exhibieron documentos para hacer la relatoría, se hizo énfasis en la denuncia por agresiones físicas contra una ex regidora y se pidió explicación, por ley al alcalde, sobre su negativa en aceptar la resolución de la Prodeg.
Su respuesta fue esquiva. Nunca negó las acusaciones pero sí atajó: “aquí la única víctima soy yo”.
Sin decir más, el alcalde se negó a dar la cumplimiento bajo otro argumento: “no me avisaron de manera personal” aunque, los expedientes del 2017 eran remitidos a su persona.
Así se estrenó la nueva ley. Fue con un alcalde que evadió su responsabilidad y, de paso, se burló no sólo del Poder Legislativo y de la Procuraduría de los Derechos Humanos sino, de la mujer a quien golpeó.
