El 14 de octubre, en la Universidad de Medellín, Colombia –con previas ponencias virtuales− arrancó el XXXVI Congreso Internacional de Estudios Electorales: Integridad electoral en contextos de violencia e inseguridad en América Latina con la conferencia magistral inaugural, Desafíos de la integridad electoral en contextos violentos: una mirada a la violencia digital contra las mujeres, dictada por doctora Laura Wills Otero de la Universidad de los Andes, la cual tuve el privilegio de escuchar de viva voz y de manera presencial formularle algunos planteamientos que nos motivan a repensar, seriamente, sobre cómo garantizar la igualdad sustantiva más allá de la igualdad formal establecida en nuestras constituciones, leyes secundarias y reglamentarias, en virtud de que subsiste la violencia digital pero sin mecanismos que permitan regularla o sancionarla para inhibirla.
Mas aún, en perspectiva de derecho comparado con el país de Colombia, el desafío es mayúsculo para formular, implementar, ejecutar y supervisar políticas públicas, de manera conjunta, entre los gobiernos de los países latinoamericanos para hacerles frente a los “poderes fácticos” del crimen organizado y narcotráfico, bajo una investigación macrosocial común a la par de una investigación micro social de los estados subnacionales y preguntarnos: ¿cuál es el contexto que se vive de violencia e inseguridad en América Latina para la integridad electoral?
La violencia e inseguridad en América Latina representa una amenaza estructural para la integridad electoral, debilitando la participación ciudadana, la autonomía institucional y la equidad en la competencia política.
Sobre todo, por la “captura” y expansión territorial que han tenido el crimen organizado y narcotráfico en las estructuras estatales, e incluidas autoridades electorales, partidos políticos y fuerzas de seguridad, lo que ha generado zonas de control paralelo donde el voto se manipula o se inhibe; así lo confirman, la serie de registros de asesinatos de candidatos, amenazas a funcionarios electorales y ataques a simpatizantes, especialmente en contextos locales de los países como Colombia, México, Guatemala y Honduras. Sin menoscabo de reconocer que la violencia digital contra las mujeres en política representa un desafío crítico para la integridad electoral en contextos violentos, al limitar su participación, distorsionar la competencia y debilitar la legitimidad democrática.
Para muestra basta un botón:
En cuanto a las estructuras subnacionales, particularmente, en los estados de la República mexicana, la inseguridad pública se manifiesta con los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en las entidades federativas, particularmente, en Guanajuato, con el 88.5 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, dada a conocer el mes pasado por el INEGI.
La situación se agudiza más en los 2478 municipios, que constituyen el “eslabón más débil” de la inseguridad pública en nuestro país, paradójicamente, porque tienen como función y servicio público la seguridad pública, que se ha convertido en la demanda primordial de la población, por encima de la pobreza y la corrupción.
En suma, en este Congreso Internacional que hoy nos ocupa y que concluye el 17 de octubre, debemos reflexionar sobre el diseño y construcción de políticas públicas transnacionales entre los gobiernos de los diversos países latinoamericanos. Solo de esta manera, podremos garantizar la integridad electoral en contextos de violencia e inseguridad que tenemos en común.
Hacemos votos porque así sea.
Enhorabuena.
