Volver al pasado

José Moisés Herrera Saldaña
Maestro José Moisés Herrera Saldaña, columnista Platino

Durante el año 2008 se produjo la reforma constitucional que inicio vigencia en el año 2009, en la cual nuestro país se comprometió a un salto cuántico en materia de justicia, pasaríamos de un sistema inquisitorial, escrito, a uno acusatorio y oral,  y para ello se contaría con 8 años para la capacitación de todos lo operadores del sistema, adecuaciones legales, de infraestructura, y sobre todo, de socialización del modelo, es decir, que los ciudadanos conocieran de que se trataba, que cualquiera pudiera entender que significaba el cambio, en nuestro estado, su inicio fue gradual, y entro con pleno vigor en todo el territorio estatal en el año 2016, es decir, apenas llevamos 3 años con el mismo.

Pero este antecedente puede decir poco para los ciudadanos, al final del día, aunque la ignorancia de la ley no excluye de su cumplimiento, no están obligados a ser peritos en la materia, pero para tratar de ser mas ejemplificativos, hablemos de cómo la gente  percibía el sistema de procuración y administración de justicia:

  • Ministerio Público que fabricaba pruebas, auxiliado de métodos violatorios de derechos humanos, con monopolio de la investigación, y reserva en sus actuaciones hasta que la ponía frente a un juez.
  • Detenciones con baja carga de responsabilidad para el ministerio publico de probar las acusaciones, si se equivocaba era el “usted disculpe”.
  • Jueces a los que nunca se les veía la cara, que resolvían desde el análisis de documentos, y sin nunca ver al inculpado, o a cualquiera de las partes del proceso, con la excusa de que así se mantenía imparcial al no interactuar con las partes.

Este sistema, del cual solo doy generalidades por el espacio, cambio, y entre los rasgos a resaltar del que actualmente opera están los siguientes:

  • Presunción de inocencia real, solo cuando se contara con los datos de prueba fehacientes, o en flagrancia de delitos graves, se aplicaba la prisión preventiva para los inculpados, se reserva pues la privación de la libertad para las mayores ofensas a la sociedad.
  • Acceso total de la defensa, y en general de las partes, a la carpeta de investigación, pudiendo conocerse los datos de prueba, mejorando sustancialmente las posibilidades de defensa de los inculpados, pero incluso para el ofendido, al aportar nuevos datos si fuera necesario, no mas actuación a escondidas por parte de la autoridad.
  • Todas las audiencias ante jueces, publicas, orales y grabadas para su análisis si fuera necesario, debiendo cambiar de juez en cada etapa, para garantizar objetividad en sus resoluciones.
  • Creación de salidas alternas, que no son un beneficio únicamente para el inculpado, sino una forma mas en que las victimas pueden resarcir el daño y obtener justicia sin el desastre de un juicio completo.

En esta semana se filtraron en los medios documentos de trabajo de un paquete de reformas que el gobierno federal haría en materia de procuración y administración de justicia, las cuales, en opinión de muchos expertos juristas, implican un retroceso para nuestro sistema actual, pues ampliarían el uso de la prisión a mas delitos, dificultarían la obtención de la libertad en el proceso, limitarían el uso de las salidas alternas, un juez podría llevar todo el proceso de inicio a fin, dando posibilidad a vicios en sus resoluciones, y el Ministerio Público recobraría facultades que lo llevarían a no ser parte del proceso como lo es actualmente, sino otra vez de monopolio de la investigación, que ya hemos visto lo que ese poder provoca en nuestro país; existe un riesgo muy alto de tomar estas medidas, que además son fácilmente vendibles políticamente, seguro nos dirán que “el nuevo sistema es una puerta giratoria”, “no se castiga a los delincuentes”, “fomenta la impunidad”, pero lo que no debemos de perder de vista es que el poder se debe limitar, y las autoridades de procuración y administración de justicia ya ha tenido ese poder, y recordemos o preguntémosle a personas de mas edad: antes no había impunidad?, antes los delincuentes pagaban todas las culpas? Seguramente nos dirán que no, y lo que esta en riesgo es la seguridad jurídica de TODOS, no solo de unos cuantos, o a ti te gustaría ser acusado de un delito, detenido, teniendo que pagar fianza si quisieras defenderte en libertad de una acusación armada en secreto a tus espaldas?, ahí cambia la postura no?, no volvamos al pasado, busquemos como mejorar un sistema que respeta los derechos humanos de todos, y que además, apenas tiene 3 años de operación plena, mucho se pude hacer para mejorarlo, y no simplemente, destruirlo.