El combate al crimen organizado en el que se ven involucrados los gobiernos de Estados Unidos y México vive en la actualidad un nuevo capítulo del que poco sabemos, pero más adelante nos ofrecerá historias insospechadas.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado un segundo grupo amplio de líderes del crimen organizado a los Estados Unidos y con eso, se continúa con este nuevo capítulo que provoca muchas especulaciones e interrogantes.
En febrero se enviaron a los primeros 29 capos de una manera sorpresiva, entre los que sobresalieron: Rafael “Caro” Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez; Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noroeste; Erick Valencia Salazar, líder de los Matazetas; José de Jesús Méndez Vargas, fundador de La Familia Michoacana, entre otros.
En el segundo grupo de 26 expulsados destacan: Abigael González Valencia, líder de los Cuinis; Juan Carlos Félix Gastélum, cofundador del Cártel de Sinaloa; Servando Gómez Martínez, fundador de Los Caballeros Templarios y varios criminales pertenecientes al Cártel de Sinaloa.
En el contexto de que el presidente Trump declaró terroristas a los grupos de narcotraficantes y de que gobiernos mexicanos anteriores habían mantenido a estos criminales en dentro del país, esto supone un cambio notable.
CAUSAS
Se desconocen en este momento las razones precisas de la expulsión de estos líderes del crimen organizado.
Primero, se habló de que serían parte de las negociaciones para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Es decir, sería el gobierno del presidente Trump el que estaría solicitando a estos líderes para seguir obteniendo información de la manera de operar de estos grupos, su estructura y sus vínculos con autoridades.
También el gobierno mexicano ha dado su versión a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señalando que con total respeto a la soberanía y respeto a la reciprocidad se han enviado a estos presos. Explicó que aún privados de la libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas durante visitas en los centros de detención y que varios han conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad. Se trataría más de una iniciativa del gobierno mexicano.
Con el tiempo se van a conocer las verdaderas razones de estos traslados, pero por lo pronto, lo que ahora conocemos deja mal parado al gobierno mexicano por su incapacidad para desarticular estas estructuras criminales.
REPERCUSIONES
Naturalmente, esto traerá consecuencias. En el corto plazo, que el gobierno federal ya no recurrirá a los tratados de extradición porque como lo explica el analista en seguridad, David Saucedo, les permite a los criminales implementar prácticas dilatorias. Ese cambio de estrategia podría marcar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
También podría traer el reacomodo de cárteles en el territorio del país, como está sucediendo en Sinaloa donde han aumentado los hechos violentos en los últimos meses. Eso podría extenderse a otras entidades como Michoacán o regiones del país.
Otra consecuencia que ya estamos observando es que la mayor parte de estos líderes criminales están en un proceso de negociación o cooperación con las autoridades norteamericanas, dentro de lo que les permite su sistema legal, para ofrecer información. Eso podría traer consigo varios giros en el combate al narcotráfico. Sobre todo, se habla de los vínculos entre políticos y narcotraficantes que es un tema siempre presente en la discusión, pero escurridizo por obvias razones.
Así que este nuevo capítulo traerá muchos movimientos en nuestro país, en las cortes de Estados Unidos y en los medios de comunicación. Solamente nos queda por ver, qué tan drásticos serán.
