Agencias.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que el Gobierno de México, presentó la primera demanda civil en el extranjero, con la que busca recuperar 39 empresas y propiedades millonarias en Miami, que le fueron incautadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De acuerdo con la UIF, lo que se exige a los Estados Unidos, es que entregue los bienes que le fueron incautados a Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, ya que “dichas propiedades millonarias, presuntamente las habría adquirido García Luna con recursos que provenían de ilícitos”.
La demanda realizada por la UIF, fue presentada en la Corte de Miami, donde se vieron implicadas 39 empresas y propiedades que pertenecen a García Luna, sus cómplices y familiares, donde “las propiedades se adquirieron con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales, que se ubican específicamente en Florida”.
“Estos activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, por lo que esta primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida en los Estados Unidos, ya que fue aquel el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades que fueron asociadas a actos de corrupción política y lavado de dinero”, sostuvo la UIF en la demanda.
“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, sobre conspiración y enriquecimiento ilícito, entre otros. Se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus cómplices conspiradores, para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.
Esta acción se trata del primer juicio que presenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció a inicios de su administración, que buscaría recuperar los bienes de narcotraficantes o exfuncionarios que se encontraran en otros países, como parte de su política para “devolverle al pueblo lo robado”, donde la UIF asegura que “estas acciones buscan refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad”.