León, Gto., 6 de noviembre de 2026.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el estado de Guanajuato se sumaron activamente al paro nacional de labores, realizando suspensiones de actividades y movilizaciones intermitentes que incluyeron cierres en vialidades estratégicas como el bulevar Adolfo López Mateos y el Malecón del Río en la ciudad de León. La medida de presión mantiene paralizadas las actividades sustantivas de los juzgados y tribunales federales radicados en la entidad, operando únicamente con guardias para atender casos de extrema urgencia.
En el estado de Guanajuato, la movilización involucra a más de 1,200 empleados adscritos al Décimo Sexto Circuito del PJF, repartidos entre las sedes de León, Guanajuato Capital y Celaya. En conjunto, la entidad alberga más de 20 juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito que han detenido el desahogo de juicios de amparo, audiencias procesales y resoluciones en materia contenciosa y penal.
Los manifestantes locales denuncian un deterioro paulatino en sus condiciones de trabajo, citando jornadas excesivas de hasta 14 horas continuas sin pago de horas extraordinarias, así como el temor a la pérdida de la estabilidad laboral. A ello suman la exigencia de insumos operativos básicos para mantener la operación diaria y la certidumbre sobre sus prestaciones.
Movilización en 900 Órganos Jurisdiccionales
La protesta iniciada en suelo guanajuatense responde a una escalada de inconformidad a escala nacional. A nivel país, el paro contempla la participación estimada de 32 mil trabajadores que desempeñan sus funciones en más de 900 tribunales y juzgados de los 32 Circuitos Judiciales del territorio mexicano.
En la Ciudad de México y las principales capitales del país, las sedes federales amurallaron o encadenaron sus accesos. Las demandas centrales de la fuerza laboral federal giran entorno a:
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Incertidumbre laboral y carrera judicial: Preocupación e inconformidad ante los nuevos esquemas de evaluación, selección y exámenes extraordinarios, los cuales —afirman— atentan contra los derechos adquiridos y la antigüedad de miles de secretarios, actuarios y oficiales.
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Defensa de la independencia judicial: La exigencia de garantizar un contrapeso autónomo profesional, argumentando que la alteración de la estructura técnica vulnera la imparcialidad del impartidor de justicia.
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Presupuesto y condiciones operativas: Reclamo por el recorte de recursos operativos y la restitución de la certidumbre sobre fondos e insumos mínimos indispensable para garantizar la impartición de justicia en el país.
Las representaciones sindicales y los comités de trabajadores manifestaron que la suspensión de labores se mantendrá activa en tanto no se establezca una mesa de diálogo permanente con las instancias federales competentes para garantizar el respeto irrestricto a los derechos laborales de la plantilla judicial.
