No debería ser difícil la impartición de la justicia cuando esta es uno de los acometidos principales de todo Estado de derecho y, sin embargo, lo es, como hemos visto en el dilema de eliminar o no la prisión preventiva oficiosa para los delitos graves.
La impartición de la justicia es uno de los más poderosos recursos con que cuenta el Estado para cumplir con su función primordial de garantizar la paz y la seguridad pública para la ciudadanía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la discusión de eliminar o no la prisión preventiva oficiosa, mientras que el Gobierno Federal, en voz de López Obrador y del Secretario de Gobernación, Adán Augusto, señalan que con eso lo que se busca “es impunidad y corrupción”.
Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ha ido más allá en el sentido de que esa determinación de los ministros daría al traste con todo el plan de seguridad nacional.
Por más grave que sea un delito, incluso los denominados de alto impacto, de lo que se pueda acusar a una persona, no debe de ir en contra de la presunción de inocencia, que de inicio es un derecho humano consagrado como tal.
Mi reconocimiento, desde este espacio, para los juristas que fungen como jueces, ministros o magistrados, porque son la encarnación más real de la imagen que tenemos de la justicia ciega.
No creo que lo que pretenda la SCJN y sus ministros sea impunidad y corrupción al eliminar la figura de la multimencionada prisión preventiva, y creo que más bien lo que se busca es no caer en injusticias.
Si bien la gravedad de un delito no es a criterio de un juez sino de los catálogos establecidos en los códigos, sí es verdad que el “juicio” de un juez dependerá de los elementos de cargo o descargo que le expongan las partes en asuntos de delitos graves.
Para no avanzar en el tema, no es lo mismo una persona acusada de secuestro agravado y homicidio, o violación espuria y feminicidio, que una persona acusada de defraudación fiscal.
Cada juez verá la gravedad del delito en cada caso porque no será lo mismo una persona física que no pagó sus impuestos en un periodo obligado, a un funcionario que desvió o robó millones de pesos. Uno pudo ser omiso pero el otro es corrupto.
Tampoco debe ser un pretexto el que ya no hay espacio en las prisiones del país para no meter a tanto delincuente y todavía más. Lo malo sería meterlos sin comprobar la culpabilidad.
Tan solo en Guanajuato la sobrepoblación en los penales se estima en un 30% y lo que hemos visto es que la Fiscalía estatal es feliz si a todos sus detenidos se les impone la prisión preventiva.
Los abogados estamos contentos cuando hay prisión preventiva si acusamos a alguien, pero no estamos tan contentos cuando defendemos a alguien imputado.
Recordemos que oficiosa significa “de cajón”, lo que representa que por el hecho de presentar a alguien acusado de un delito grave, por esa simple razón se le impondría la prisión preventiva en tanto dura el juicio.
¿Cuántas personas tienen años esperando una sentencia cuando es posible que sean inocentes? Pudiste haber estado tras las rejas sin haber cometido un solo delito, esto es más corrupto e impune por parte de quien debe de impartir justicia.
En algo estamos de acuerdo con lo señalado por el Presidente de la República respecto al tema. Se debe transparentar el asunto por quienes lo están dirimiendo. No es un tópico cualquiera, es uno que nos incumbe a todos. En algún momento todos podemos ser acusadores, pero en cualquier instante podríamos ser acusados.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa debe ser un tema de interés nacional, más que el asunto de quiénes son los convocados para la Selección Mexicana y cómo nos podrá ir en el mundial de Qatar que, también, está a la vuelta de la esquina.
