Transparencia Internacional define que “corrupción es el abuso de poder encomendado para beneficio privado”. Esto incluye o ventajas económicas o ventajas no económicas.
La corrupción en México parece ya un acto de usos y costumbres en la clase política y eso genera un rechazo unánime de la sociedad en las autoridades que, por cierto, nos toca elegir.
Y lo que más lastima a la ciudadanía es que mientras las autoridades son electas para proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad ciudadana que, por cierto, es una asignatura pendiente.
En León ocurrió que, después de una cortina de humo que nació en la oficina de prensa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos sobre su supuesta renuncia del PAN, comenzaron a salir un sinfín de sospechas, primero, y después evidencias que la arrinconan en una esquina que no es para nada transparente.
En el pasado, Gutiérrez Campos vivió crisis en su administración derivadas de tala de árboles, excesos en algunos funcionarios de tercer nivel o escándalos encabezados por elementos de la policía municipal.
Tales crisis desgranaron a su círculo cero y cambió en, al menos, cinco veces de vocero hasta que llegó Enrique Avilés Pérez cuya reputación quedó en entredicho por supuestos desvíos de recursos en la Secretaría de Turismo y, luego, en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato cuando Miguel Márquez Márquez era el Ejecutivo Estatal.
En total, estaban observados más de 80 millones de pesos. Márquez habría pedido a Diego Sinhué no investigar a Enrique Avilés para no manchar su gobierno, a cambio, Avilés Pérez tuvo un exilio de seis años fuera de Guanajuato y se colocó como burócrata en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro de la Secretaría de Turismo federal, pero con beneficios en gobiernos panistas de Guanajuato.
Pero, además, Ale Gutiérrez es señalada por entregar contratos por un valor de 3.5 millones de pesos al arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón, representante de TerraLab Consulting S.A. de C.V. y quien, curiosamente, fue el diseñador de su residencia en Santa Brígida.
Otro tema que deja muchas dudas es el otorgamiento de contratos por hasta 14 millones de pesos a la empresa NARDIQ, entre cuyos socios aparece el nombre de Norma Araceli Díaz, presidenta del Consejo Directivo de Aseo Público e Integrante del Comité de Obra Pública de León.
El más reciente escándalo es la asignación de contratos por más de 8.1 millones de pesos a una empresa de comunicación llamada Syntagma de la cual es copropietario Rodriguo Duarte Hernández quien, por cierto, es socio de Alejandra Gutiérrez en una empresa llamada Alimentos GoFoods S.A. de C.V. que inició operaciones en el 2014.
Así, el gobierno de Alejandra Gutiérrez deja muchos frentes abiertos que requiere respuestas claras y francas.
Estas crisis por presuntos actos de corrupción se pueden convertir en una bomba de tiempo que, por más que quieran enviar el dardo a un supuesto pleito entre panistas, la percepción ciudadana podría ya no ver por la mejor opción sino, entre el menos malo lo que, sin duda, afectaría mucho el desarrollo de la ciudad.
Alejandra Gutiérrez quien llegó blindada de una gran confianza ciudadana al ganar, sus dos elecciones al hilo, con una votación de 2-1 y 3-1 hoy no se encuentra entre los mejores alcaldes evaluados del país.
Percepción, le dicen, del sentimiento ciudadano respecto a sus autoridades y actos. En fin, hoy no se ve para dónde pueda esquivar Ale Gutiérrez esos dardos que le salen, un día sí y al otro también, de permitir actos faltos de probidad.
