Agencias, 3 de septiembre de 2023.- Con el fin de lograr la reposición de la elaboración de los libros de texto y un diálogo con la sociedad, el Consejo Empresarial Mexicano realizó un posicionamiento con respecto a este muy importante tema en el país, por lo que con base en la ley solicita la creación de una institución no-gubernamental donde padres, maestros, empresarios y especialistas revisen las carencia y errores de los libros de texto gratuitos.
Aquí el posicionamiento íntegro del CEM:
EL CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO, institución que promueve el desarrollo empresarial y social de México, manifiesta su rechazo por el contenido de los libros de texto gratuitos en medio de un proceso judicial vigente.
Considerando, de acuerdo a la página web oficial y sobre la base de la Ley General de Educación de la Secretaría de Educación Pública, ésta tiene como propósito esencial “crear condiciones que permitan asegurar el acceso, de las mexicanas y mexicanos, a una educación de excelencia con equidad, universalidad e integralidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden”, hemos identificado los siguientes apartados generales, donde se incumple con dicha educación de excelencia, y de los cuales tenemos amplia documentación revisada que sustentan, sin fines políticos o personales, nuestra postura:
1.- La Secretaria de Educación Pública se encuentra en falta jurídica incumpliendo con los ordenamientos de diversos jueces, ya que el proceso legal establecido para la creación de estos materiales no ha sido debidamente respetado ni se cumplieron cabalmente las leyes educativas vigentes, como lo han determinado diversas autoridades a nivel federal y a nivel estatal en distintos puntos del país. Hay incumplimiento con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Educación vigente, Arts. 3, 8, 11, 12, 13, 15, 52, 53, 72 y 78, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.
2.- Consideramos que existe Ideología política, de género, de lenguaje y parcialidad histórica, incluyendo el cambio de valores como postura del gobierno, ignorando los derechos de los padres de acuerdo a convenios internacionales y la propia legislación mexicana. Los textos explícitamente indican su estructura de acuerdo con el método de Paulo Freire de hace 50 años, un modelo socialista, anticuado y prácticamente desechado a nivel internacional, así como elementos de respaldo y acompañamiento para los profesores de material exclusivamente de corte marxista, sin considerar en absoluto otros textos, incumpliendo con la imparcialidad y falta de pluralidad, dejando en evidencia a un gobierno que no gobierna para todos.
3.- Existe una gran cantidad de errores, contenido falso y estructura pedagógica que debe ser corregida con la colaboración de expertos y colegios profesionales y científicos del país en cada una de las materias involucradas. Evidentemente, el gobierno debe participar, pero no ser el titular sobre la decisión del contenido para el que según la ley no es su función.
4.- Estamos completamente de acuerdo, que la sociedad en su conjunto debe ser el receptor y principal beneficiario de los avances sociales y económicos del país; pero es la industria y la empresa quienes crean la economía, el gobierno NO produce, ni es su responsabilidad, ni tiene la capacidad de hacerlo, como ha sido ampliamente comprobado en la historia universal y contemporánea, indistintamente de la posición o ideología política de cualquier país. El gobierno DEBE funcionar en todo caso, como regulador y garante de seguridad y justicia, y promotor del desarrollo económico; En los libros de texto gratuito, el gobierno posiciona a las empresas e industria del país como la parte “mala” y defectuosa de la sociedad, cuando son los principales, si no es que los únicos generadores de trabajo, economía y sustento de toda la sociedad.
Por lo antes mencionado, rechazamos el contenido de los libros llevada a cabo por la Secretaría de Educación Pública, una acción que lejos de contribuir a una solución, reafirma la decisión unilateral del Gobierno Federal de excluir la voz de la familia que tiene la responsabilidad y obligación de la educación, los valores, principios y la ética, la exclusión de los maestros que dentro de la escuela son quienes revisan los materiales de formación y las técnicas de aprendizaje e imparten la cátedra y las ciencias; además la autoridad educativa omitió la participación de expertos, del empresariado y la sociedad civil, de conformidad con la legislación vigente.
