Se ha aprobado en lo general y en lo particular la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados con la mayoría calificada de Morena, PT y PVEM. Con esto se da el primer paso, hacia la renovación de ministros y jueces a nivel federal.
En cuestión de días, seguramente también será aprobada en el Senado; sin embargo, falta saber de dónde conseguirán el voto que necesitan para la mayoría calificada y en la mayoría de los congresos locales, que sin ningún problema lo van a conseguir.
Con lo anterior, como ya lo habíamos comentado, se abre una nueva etapa en la vida política del país en donde el predominio de la 4T se hace valer en los cambios de las instituciones públicas.
Por esa razón, sugerimos revisar el proceso político que ha vivido el Poder Judicial de la Federación durante este sexenio y lo que viene hacia adelante para comprender la reforma draconiana que se vive en este momento.
EN EL INICIO
Con la llegada al poder del presidente López Obrador hubo un acercamiento explícito con el presidente de la Suprema Corte de Justicia: Arturo Saldívar, que aparecía en eventos públicos. El mismo López Obrador declararía más adelante que existía comunicación para abordar con cuidado algunos asuntos delicados para el Ejecutivo y el ministro Saldívar se encargaba de poner al tanto a los jueces.
Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel fue proponiendo nuevos ministros: con la renuncia del ministro Medina Mora, se incorporó González Alcántara Carrancá en el 2018, Esquivel Mossa y Ríos Farjat en el 2019, Ortiz Ahlf en el 2021 y finalmente, Batres Guadarrama en el 2023.
Habiendo propuesto a cinco ministros y siendo cercano a Arturo Saldívar, se supondría que la Suprema Corte no sería obstáculo para implementar cambios en el país; sin embargo, esto no resultó así. En algunos casos importantes para el presidente como la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armas o la reforma electoral sufrieron un revés por la Suprema Corte en donde solamente las ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y en ocasiones Sáldivar mantenían el respaldo al gobierno federal.
Más aún, en la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia se impediría la reelección de Arturo Saldívar y resultaría electa la ministra Norma Piña que representaba un perfil distinto al de Saldívar; además, dio muestras de que no acompañaba a la 4T como fue el hecho de la conmemoración del 5 febrero en Querétaro, donde la ministra no se puso de pie al presentar al ciudadano presidente.
También, hay que agregar los amparos y suspensiones otorgados por distintos jueces federales a obras como las del Tren Maya que dificultaron los proyectos de la 4T.
EL GIRO
Entonces, vino un giro desde la presidencia en relación al Poder Judicial. Ahora fueron señalados de corruptos y de ser funcionarios con privilegios que ofenden al pueblo.
Una de las primeras medidas para modificar esa situación fue eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, pero no prosperó.
Lo anterior, fue pavimentando el camino para que el presidente decidiera tomar la decisión radical de renovar la Suprema Corte de Justicia en su totalidad y a los propios jueces federales en lo que sería parte del Plan C, denominado así para conseguir su respaldo en las elecciones.
La propuesta consiste desde el discurso oficial en elegir a jueces y ministros a través del voto popular; sin embargo, para los analistas, el corazón de la iniciativa se refiere a que habrá una lista de candidatos propuesta por el Ejecutivo que es de la 4T, del legislativo con mayoría de la 4T y del mismo Poder Judicial; por lo que, la 4T filtrará los candidatos más a modo. Por otra parte, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial que investigará y sancionará conductas indebidas por parte de jueces y ministros. Finalmente, implicará un proceso complejo para el elector que todavía no está definido con claridad y cuyos detalles les pasará el legislativo al INE para que los resuelva.
La iniciativa fue descalificada por analistas y expertos en temas jurídicos porque en la mayoría de los países no se emplea ese método. Existe un antecedente en Bolivia que ya tiene más de una década; a pesar de ello, la experiencia no tiene resultados positivos.
Los resultados electorales le favorecieron a la 4T y el presidente junto con la presidenta electa definieron prioridades durante la etapa de transición: entre ellas, la reforma judicial.
Comenzó a trabajar la maquinaria legislativa con foros para discutir la reforma judicial. Participaron ministros, jueces, legisladores, abogados. Se estableció la nueva legislatura y el primer tema a abordar fue la reforma judicial. En eso nos encontramos ahora y la reforma se aprobó en sus términos sin modificaciones por la mayoría calificada de la 4T en la cámara de diputados.
Al momento de ser discutida y votada en la cámara baja, integrantes el Poder Judicial se declararon en paro y funcionarios junto con estudiantes de derecho comenzaron a movilizarse para impedir su aprobación. Exigían entre otras cosas, que pudieran ser escuchados sobre los inconvenientes de la reforma. Dichas protestas no fueron impedimento para su aprobación.
LO QUE VIENE
La reforma camina a su aprobación, encontrará un obstáculo importante en el senado porque le falta un voto a la 4T para la mayoría calificada. La presión política y mediática está sobre los 43 senadores de la oposición que podrían impedir su aprobación. Veremos la próxima semana si la 4T logra librar este escollo.
En caso de que lo consigan, pasará a los congresos locales que la aprobarán por la vía rápida.
Es probable que pudiera enfrentar algún litigio para tratar de impedir su entrada en vigor, pero sus posibilidades son remotas.
En conclusión, tendrá el camino libre para su aprobación. En este punto es pertinente la observación de la forma en que está siendo aprobada: por la mayoría arrolladora de la 4T. Una reforma de esta magnitud debería incluir observaciones importantes de otros sectores y partidos de oposición; pero no se realizó, se aprobó imponiendo una mayoría sin tomar en cuenta a las minorías. No es la forma deseada para una democracia del siglo XXI; por el contrario, se usó la mayoría para cumplir con la voluntad del presidente.
Posteriormente, vendrá un periodo de incertidumbre por la transición hacia la implementación de la nueva reforma donde tendrá mucho que ver lo que decidan realizar los actuales jueces y ministros, el mismo proceso de elección de los nuevos jueces y ministros y finalmente, por la curva de aprendizaje con el nuevo Poder Judicial.
Todo esto tendrá un impacto en otros aspectos de la vida del país como lo es naturalmente el económico, el social y político. Con toda seguridad habrá muchas consecuencias por analizar.
Este es el inicio de un largo viaje en donde prevaleció la lectura política, se ofreció un remedio político y se desatendió otros aspectos importantes.
