Ciudad de México, 2 de julio de 2025.- Con el decreto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para la incorporación del Programa IMSS-Bienestar al régimen ordinario del Seguro Social (IMSS), el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que habría un incremento de 10 millones de beneficiarios, pero sin ningún peso adicional que corresponde a la federación.
Además, el panista comentó que se “estaría institucionalizando un desfalco al bolsillo de los trabajadores”, con el fin de pagar los servicios de la población sin seguridad social donde eran atendidas las personas del IMSS-Bienestar.
“Sin una programación de esos reintegros y sin transparencia sobre cuantos recursos ya usaron. Esto va a afectar severamente las finanzas del IMSS, ya que harían uso de las reservas de la institución, mismas que en origen, están diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios del Seguro Social ante contingencias; es decir, las
prestaciones para riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías”, informó el legislador mediante un comunicado.
Ramírez Barba detalló que el IMSS tendrá que pagar lo correspondiente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores y los extrabajadores que laboraron en las unidades del Programa IMSS-Bienestar; es decir, un pasivo que seguirá en aumento.
“La presidenta no tiene las atribuciones para quitarle dinero a las reservas del IMSS para financiar población sin seguridad social, esta decisión le corresponde al Consejo Técnico del IMSS, es decir, a los representantes de los trabajadores y los patrones. El gobierno debe recibir autorización de los trabajadores del Seguro Social para realizar esa transferencia de recursos, no lo puede hacer por decreto. Los estados tendrán que pagar compensaciones”, se agregó en el comunicado.
Además, la transferencia implica el traslado de 81 hospitales rurales en 19 estados y 28 mil trabajadores.
“En cuanto a los aspectos operativos, el IMSS carece de la infraestructura necesaria en las zonas rurales. Si el objetivo es atender a la población más marginada, esta decisión es errónea, ya que aleja a los administradores de las comunidades con mayores necesidades”.
