Guanajuato, Gto., 3 de junio de 2021.- Esta mañana, sesionó el Pleno del Congreso local para dar trámite a diversos asuntos de su competencia.
La Asamblea avaló los informes de resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las cuentas públicas de Jerécuaro, Pueblo Nuevo, Dolores Hidalgo C.I.N., Abasolo, Xichú, Apaseo el Grande, Victoria, Villagrán y Atarjea, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
También aprobó el archivo definitivo de dos propuestas legales. La primera, una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y al Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que la Auditoría Superior del Estado presente un informe cuatrimestral a la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre la imposición de responsabilidades derivadas de los procedimientos de fiscalización.
La segunda, un punto de acuerdo que buscaba exhortar a los 46 ayuntamientos para que en el ámbito de sus competencias hicieran del conocimiento del Poder Legislativo el estatus legal que guardan los predios donde se ubican los sitios de disposición final, así como el tiempo de vida útil con el que cuentan los mismos y, en caso de haber cumplido dicha vida útil, si existe dentro de su planeación la adquisición de nuevos predios, si fuera este el caso, en que proceso se encontraban para acreditar la posesión con justo título.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Vanessa Iliana Ramírez López expuso que fueron pocos los ayuntamientos que enviaron información respecto a los rellenos sanitarios y de esos, aún más pocos los que hicieron llegar información útil, lo cual dijo, es lamentable.
Recordó que en mesa de trabajo se dio cuenta con la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial, mediante la cual, se actualizó la información respecto al estatus de los rellenos sanitarios, tiraderos y sitios de disposición final, pero el que finalmente presentó a la Comisión un diagnóstico más detallado fue el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato.
Mencionó que, a pesar de que instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo, la reflexión sobre esta propuesta de punto de acuerdo, por un lado sigue siendo la falta de interés por parte de la mayoría de los ayuntamientos para atender el problema tan delicado respecto al estatus legal de la posesión de los inmuebles sobre los que se encuentran los sitios de disposición final, el estatus respecto a su infraestructura y su vida útil, la falta de acciones para su mantenimiento y óptima operación para cumplir con las normas oficiales mexicanas de la materia, y la falta de planeación y previsión presupuestal para la adquisición de nuevos predios que cumplan con los requerimientos técnicos necesarios.
“Las administraciones estatales, municipales y las legislaturas seguirán pasando sin tener una solución de fondo. El problema de la disposición final de residuos es una situación que ya se nos salió de control. Por tal razón, insistimos que la atribución directa para asumir la responsabilidad de este problema debe ser de los estados y no de los municipios, sé que tal vez la problemática la quisiéramos enterrar y olvidarnos de ella, como literalmente hacemos con los residuos sólidos, pero no vislumbramos que esta problemática es una pandemia, silenciosa y mortal, que nos cobrará caro, no esperemos que sea muy tarde para revertirlo, desde nuestra trinchera debemos legislar para dar una solución posible y de fondo”, agregó.
Por su parte, la diputada Sandra Josefina Arrona Luna manifestó que coincidían con sus homólogos con el objeto del punto de acuerdo, y que el tema de disposición de residuos era un tema que los municipios debían priorizar, ya que era un servicio público que afectaba o beneficiaba directamente a los habitantes de una comunidad y al medio ambiente.
Sin embargo, dijo, en lo que respectaba al punto de acuerdo en lo particular, los municipios efectivamente se manifestaron ante el llamado que les hizo la Comisión de Medio Ambiente y que el objeto del punto de acuerdo había quedado atendido, razón por la cual se procedía a su archivo de acuerdo con el trámite parlamentario.
A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnará el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
