Restaurantes daban el ‘pack’ de Gabriel Soto a cambio de una venta

Restaurantes daban el ‘pack’ de Gabriel Soto a cambio de una venta
Restaurantes daban el ‘pack’ de Gabriel Soto a cambio de una venta. Fuente: Especal

Agencias.- El escándalo tras la filtración del video íntimo de Gabriel Soto no termina, pues recientemente se hicieron virales las imágenes de promociones de restaurantes que, a cambio de una compra, ofrecen el ‘pack’ del actor.

A pesar de que Gabriel Soto está buscando resolver la situación por medios legales, algunos siguen considerando este acto de violación de intimidad como una broma.

Tal es el caso de algunos restaurantes de Cancún que ofrecían como plus por una compra, el video de Soto.

La publicidad de los paquetes se viralizó en redes sociales, pues los anuncios venían acompañados con la leyenda ¿A poco no se te antoja?

Restaurantes daban el ‘pack’ de Gabriel Soto a cambio de una venta
Restaurantes daban el ‘pack’ de Gabriel Soto a cambio de una venta. Fuente: Especial

La demanda por una piñata

Gustavo Herrera, abogado del actor, confirmó que perseguirá penalmente a quienes resulten responsables de la filtración del video, para llevarlos a la cárcel utilizando la Ley Olimpia, y además, demandará a la Piñatería Ramírez.

La Piñatería Ramírez, ubicada en Reynosa, Tamaulipas, volvió a ser tendencia por inmortalizar a Gabriel Soto en una de sus piñatas; sin embargo, lo hicieron burlándose de la filtración de su video.

No todo fue risas y diversión, pues muchos usuarios de redes sociales externaron su disgusto por la manera en la que se está tratando el grave delito del que fue víctima el protagonista de telenovelas.

La Ley Olimpia al rescate

Gabriel Soto buscará dar con los responsables de la filtración de su video intimo y aseguró que se amparará en la Ley Olimpia.

Tras la filtración del video íntimo, que es considerado un delito de violencia digital en México, Gabriel Soto manifestó sentirse vulnerable ante la grave violación a su privacidad.

La Ley Olimpia sanciona la violencia digital ejercida contra hombres y mujeres en 25 estados de la República Mexicana. Los castigos para los responsables de este tipo de actos van desde la imposición de multas hasta penas de cuatro a ocho años de prisión.