El cierre de año trajo, como si fueran envolturas brillantes, anuncios de incrementos en impuestos estatales en Guanajuato y municipales en León, presentados con lenguaje técnico pero sentidos en el bolsillo. Ese fue el “regalo” de Navidad y Reyes Magos que los gobiernos entregaron a la ciudadanía.
El refrendo vehicular aumentó 41 por ciento y, aunque no llegó a los mil 200 pesos de la propuesta panista, quedó en 940. La diferencia no consuela cuando se suma a otros cobros que también suben. La narrativa oficial habla de ajustes responsables, pero la realidad cotidiana es otra. Pagar más siempre pesa.
A la par del refrendo, se incrementaron impuestos cedulares y gravámenes a servicios de hospedaje y a la venta de bebidas alcohólicas. Son sectores que, por su naturaleza, trasladan el costo al consumidor final.
El turismo y el comercio resienten el golpe y ajustan precios. En cadena, el ciudadano termina pagando más por lo mismo. La explicación recurre a la necesidad de recaudar y fortalecer finanzas. Sin embargo, el momento elegido resulta poco sensible para familias y negocios. La cuesta de enero se volvió empinada.
En León, el impuesto predial también registró aumentos, no de manera generalizada, pero sí focalizada en inmuebles grandes y de mayor valor. Eso impacta a la clase media-alta y al sector empresarial, motores de empleo local.
Hay casos donde un predio comercial pasó de pagar, por ejemplo, 45 mil a más de 60 mil pesos anuales. Viviendas amplias en zonas consolidadas vieron incrementos de dos dígitos. El mensaje es claro: quien tiene más, paga más. El problema es cuando el aumento no viene acompañado de mejores servicios visibles.
A estos incrementos se suman los ajustes de siempre en servicios y agua potable, tanto en Guanajuato capital como en León. Les llaman indexación, pero como decía Toño Rocha, es un incremento y ya; que no nos quieran ver la cara. El lenguaje técnico suaviza lo que en la práctica es pagar más cada mes. La indexación no reduce el impacto, sólo lo explica. El usuario no recibe agua más limpia ni más continua por ese nombre elegante. Recibe un recibo más alto.
Si además se consideran los efectos del IEPS federal, el escenario apunta a una inflación mayor. Todo se conjuga para presionar precios y reducir el poder adquisitivo. A ello se agrega la deuda pública estatal, que incrementa en 8 mil millones de pesos, sumados a una cantidad similar solicitada por el gobierno de Diego Sinhue. Es deuda pública, más que deuda gubernamental, porque la pagamos todos. Endeudarse no es malo per se, pero sí exige resultados claros. La ciudadanía merece saber en qué y para qué.
Esta crítica no es destructiva, busca que todo esto se traduzca en mejores servicios para la gente. Calles en buen estado, seguridad eficaz, agua suficiente y trámites ágiles serían señales claras. Si se cobra más, debe verse más. Ojalá que 2026, que ya está en puerta tocando, llegue con responsabilidad, sensibilidad y resultados. Que los gobiernos entiendan que la confianza también se recauda. Y que el mejor regalo sea vivir mejor….
