Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025.- El Diputado Federal e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, advirtió sobre los graves retrocesos que implican las reformas impulsadas por la bancada de Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mismas que serían aprobadas esta semana en la Cámara de Diputados.
El legislador denunció un golpe múltiple a la salud de los mexicanos: el desvío de recursos para enfermedades catastróficas, la saturación irresponsable de las instituciones de seguridad social y una política prohibicionista sobre el consumo de vapeo que únicamente beneficia a los criminales.
- Desmantelamiento del Fondo de Salud para el Bienestar (fondo para enfermedades de alto costo):
El legislador explicó con detalle técnico el “engaño legislativo” que se avecina. Actualmente, la ley obliga a reservar el 8% del Fondo de Salud (anteriormente Fondo contra Gastos Catastróficos) exclusivamente para tratamientos graves de la población sin seguridad social.
“La iniciativa que aprobó Morena en la Comisión de Salud elimina esta protección del 8%. Quieren borrar la etiqueta que dice ‘este dinero es para salvar vidas’ para convertirlo en una chequera abierta para el gasto corriente del gobierno. Están sacrificando quimioterapias y antirretrovirales a cambio de dinero para elevadores o pintura de hospitales, gastos que deberían salir del presupuesto ordinario y no de los ahorros que garantizan los tratamientos de los pacientes”, sentenció el diputado.
El integrante de la Comisión de Salud advirtió que la reforma sustituye la garantía legal por la voluntad política. Se pretende instaurar un “Comité Técnico”, integrado por el propio gobierno, que decidirá discrecionalmente qué enfermedades se cubren y cuáles no.
“Esto elimina la certeza jurídica. Antes, la ley te garantizaba la cobertura; ahora, dependerás del humor de un burócrata. Es una contradicción total con el discurso del IMSS-Bienestar: prometieron Dinamarca y están entregando un sistema donde el acceso a la salud queda sujeto a la decisión discrecional del gobierno en turno”, agregó.
Para sustentar la denuncia, el diputado presentó cifras contundentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que demuestran que el gobierno ya ha comenzado a secar el fondo de manera irregular.
“La ASF ha documentado inconsistencias terribles. Tan solo en 2024, de este Fondo salieron 15,847 millones de pesos de regreso a la Tesorería de la Federación (Tesofe), donde se pierde el rastro del dinero y ya no se puede auditar. En contraste, solo destinaron 875 millones a la atención real de enfermedades de alto costo. Es decir, el dinero ya no llega a los hospitales, se lo están llevando a la caja chica del gobierno; la reforma de la presidenta va a institucionalizar ese desvío de recursos”, explicó.
El resultado de este manejo financiero es visible: un fondo que en 2018 tenía 93 mil millones de pesos de reserva para crisis, hoy agoniza con apenas 36 mil millones.
El legislador recordó que, bajo el esquema del Seguro Popular, este instrumento financiero tenía una póliza clara que cubría de manera integral:
- Cáncer cervicouterino, de mama, testicular, de próstata y de colon.
- VIH/SIDA e infartos agudos al miocardio.
- A través del Seguro Médico Siglo XXI: todos los tipos de cáncer infantil, cuidados intensivos neonatales y padecimientos pediátricos complejos.
“Perder la cobertura de este Fondo es perder el derecho a la salud. Hoy alertamos a los pacientes: Morena va por el dinero que paga sus tratamientos. Al gobierno de López Obrador y ahora al de Sheinbaum no les importa que ese dinero sea para tratamientos de alta especialidad; lo ven como un botín para sus obras”, acusó.
Ante este panorama, el diputado Éctor Jaime anunció que el Grupo Parlamentario del PAN presentará una contrapropuesta:
“Vamos a proponer blindar el Fondo de Salud. Planteamos prohibir expresamente que se use un solo peso en fines ajenos a la atención médica. Exigimos mecanismos de transparencia para que el dinero no se pierda en la Tesofe y espacios de participación ciudadana real para que los pacientes estén representados. No permitiremos que se institucionalice el desvío de recursos mientras miles de mexicanos mueren esperando una cirugía o un medicamento”, concluyó el Diputado.
- Falsa universalización de los servicios de salud:
El Diputado Federal e integrante de la Comisión de Salud, alertó sobre otro de los componentes de la nueva iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el “intercambio de servicios” de salud.
El diputado explicó que el objetivo de la reforma es permitir que toda la población, afiliada o no, pueda acceder a cualquier institución pública (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Fuerzas Armadas). Sin embargo, alertó sobre la “letra chiquita” de esta promesa:
“En la práctica, Morena aprobó que los ‘beneficiarios’ del IMSS-Bienestar puedan atenderse en el IMSS o en el ISSSTE. ¿El problema? NO hay un peso de inversión adicional. No se están construyendo más hospitales ni contratando más médicos para atender esta nueva demanda. Lo único que van a lograr es colapsar servicios que ya están saturados”, señaló.
El legislador calificó la medida como un “remedio improvisado e irresponsable” ante el evidente fracaso del IMSS-Bienestar, advirtiendo que la llamada universalización es, en realidad, pedirle a las instituiciones de seguridad social que atiendan más pacientes, sin apoyarles de manera proporcional con esos gastos.
Enfatizó que esta decisión es una injusticia directa contra los trabajadores formales: “Los trabajadores que quincena a quincena aportan sus cuotas pagarán el costo de esta decisión política. Se enfrentarán a salas de espera más llenas, menor calidad en el servicio y un mayor desabasto, porque el gobierno quiere saludar con sombrero ajeno usando la infraestructura que pagan los obreros y patrones”.
Desde una perspectiva técnica, el integrante de la Comisión de Salud desglosó cómo el gobierno ha asfixiado financieramente la atención para quienes no tienen seguridad social. Contrastó el modelo actual con el extinto Seguro Popular.
“El Seguro Popular tenía una lógica democrática: el dinero seguía a la gente a través de la ‘cuota social’. Si había más afiliados, había más dinero. El gobierno de López Obrador y ahora el de Sheinbaum eliminaron esto por una presupuestación burocrática ligada solo a la inflación, no a las necesidades de salud de la gente”, explicó.
El legislador presentó datos duros que evidencian el desplome en la inversión real:
- En 2012, el Estado invertía $6,273 pesos por cada persona sin seguridad social.
- Para 2025, tras la desaparición del Seguro Popular y el caos del INSABI, la cifra cayó a $4,490 pesos.
“Es un retroceso brutal que perjudica a los más pobres. Tenemos menos dinero por paciente que hace 13 años. Esto explica por qué 24 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a servicios de salud en este sexenio.
Con la reforma actual, no resuelven la disparidad del gasto; simplemente avientan el problema a otras instituciones sin darles recursos”, sentenció.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a voltear a ver a los profesionales de la salud, quienes ya enfrentan condiciones críticas.
“Nuestros médicos y enfermeros en el IMSS y el ISSSTE tienen cargas de trabajo inhumanas. Tienen las unidades saturadas y se ven obligados a posponer cirugías por falta de quirófanos o insumos. Pedirles atender a más población sin reforzar sus hospitales y equipamiento, es condenar al sistema al error y a la ineficiencia”, advirtió.
El legislador concluyó afirmando que “con la reforma de la presidenta no hay universalización del derecho a la salud ni unificación real; lo que hay es una irresponsabilidad administrativa que pone en riesgo la estabilidad del IMSS y del. Engañando a los usuarios del IMSS-Bienestar, prometiéndoles una atención que no tienen capacidad de dar”.
- Criminalización de los usuarios de vapeo:
Finalmente, el Diputado del PAN rechazó tajantemente la propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para criminalizar el uso y distribución de vapeadores, calificándola como una medida peligrosa.
El legislador señaló la gran ironía del actual régimen: “Los que se decían ser los más progresistas, resultaron los más prohibicionistas y conservadores. Sin evidencia científica actualizada y sin argumentos de salud pública, van a criminalizar toda actividad relacionada con el vapeo, tratando a los usuarios como delincuentes”.
El integrante de la Comisión de Salud detalló la gravedad de las sanciones propuestas en la iniciativa oficialista. Alertó que la reforma plantea penas de cárcel de hasta ocho años para quien adquiera, transporte, almacene o distribuya estos dispositivos.
“Estamos hablando de que un joven universitario podría enfrentar penas de prisión solo por traer un vapeador en su mochila. Es una desproporción jurídica que criminaliza a los consumidores, principalmente a las juventudes, mientras deja intactas las estructuras criminales que realmente dañan al país”, aseveró.
El diputado explicó que la prohibición absoluta nunca ha funcionado y que esta medida tiene un único beneficiario real: el mercado negro.
“Al prohibir la venta legal, el gobierno le está entregando el monopolio a los criminales. Los niños y adolescentes seguirán teniendo acceso a estos productos en las escuelas y en las calles, pero ahora serán vendidos por grupos delictivos en la total clandestinidad, sin ningún tipo de control de calidad, exponiendo a los menores a sustancias desconocidas y mucho más tóxicas”, advirtió.
Frente al enfoque punitivo de Morena, el legislador presentó la contrapropuesta de su bancada: una regulación estricta basada en los mejores modelos internacionales y principios constitucionales.
“Nosotros proponemos no criminalizar, sino proteger el derecho a la salud mediante el orden. Estamos planteando una regulación similar a la que se aprobó recientemente en Chile, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)”, explicó.
La propuesta incluye:
- Control Sanitario, para garantizar la seguridad de los dispositivos y sustancias para evitar componentes letales.
- Prohibición absoluta de venta a menores de edad, con sanciones severas a quien la incumpla (algo que el mercado negro no respeta).
- Prohibir saborizantes diseñados para atraer a niños y eliminar toda publicidad de estos productos.
Incentivar la transición hacia el uso de dispositivos de menor toxicidad.
