El plan B de la reforma electoral corre de prisa por los corredores de la política mexicana. Lleva prisa y no se detiene ante el cúmulo de reflexiones que está generando en el camino. Tropieza, cae y se levanta para seguir hacia su destino sin precisar cuál es.
Fue aprobada en lo general por los senadores y en poco tiempo regresará a la cámara de diputados para que finalmente sea publicada.
Sin embargo, no es exagerado considerarla una reforma explosiva para la democracia mexicana en el cierre del año y en el arranque del 2023, a unos cuantos pasos del inicio del proceso electoral de 2024 por las siguientes razones:
APARECEN ERRORES
Conforme avanza la iniciativa surgen errores en su contenido y lejos de corregirlos, siguen apareciendo. Los primeros fueron identificados por los propios diputados de Morena y les hicieron la observación a los senadores para que lo corrigieran. Es decir, los diputados no la analizaron y se fueron artículos que serían considerados como inconstitucionales sin ninguna dificultad.
Todavía después de hacer aprobada en el senado se sigue discutiendo el denominado traspaso de votos que pueden hacerse los partidos en alianza y que les permitiría a los partidos pequeños mantener su registro.
Como se avecina una batalla jurídica en la Suprema Corte es posible que estos errores puedan llevar a considerar como inconstitucional la reforma. Lo más grave sería que estos errores se agraven al momento de operar la reforma y pongan a las instituciones en un callejón sin salida. Esta observación se deriva de lo comentado por el consejero electoral Uuc-Kib Espadas al señalar que se desconoce si una nueva estructura en el INE puede proveer una organización óptima para una elección presidencial difícil de 2024.
CUESTIONAMIENTOS DE SUS LÍDERES
En algo pocas veces visto, la reforma genera observaciones de políticos cercanos al gobierno y hasta del propio presidente. Una aparente contradicción en la iniciativa.
El ejemplo más claro es el de Ricardo Monreal, líder de los senadores Morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, al declarar que votaría en contra porque la iniciativa tiene elementos no compatibles con la Constitución.
Más seria resulta la declaración del presidente cuando señala que de contener el traspaso de votos entre partidos y no se modifica, la podría vetar, aunque eche para atrás toda la iniciativa.
Eso nos lleva a suponer que existen aspectos desconocidos de la reforma para sus propios promotores de los que seguramente se querrán deslindar. Esto no habla bien de una iniciativa que se busca aprobar a toda prisa.
POLARIZA
El plan B que hace referencia a las reglas del juego entre actores que buscan acceder al poder, definitivamente en lugar de generar acuerdos termina por polarizar más. No deja contentos a nadie y los lleva a reforzar su decisión de dar la batalla para evitar su implementación.
Los consejeros electorales han cerrado filas y ante la inminente aprobación señalaron que recurrirán a los recursos legales a su alcance para evitar que la estructura del INE se vea debilitada.
Los partidos de oposición con mucha más razón buscarán sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia porque daña a la democracia y abre las puertas a una serie de manipulaciones desde el gobierno.
DIFÍCIL CONTEXTO POLÍTICO
Este no es el mejor escenario político para cerrar el año, para iniciar el nuevo, para acercarnos a las elecciones de 2024 y para ofrecer certeza en el aspecto económico. Por el contrario, enrarece el ambiente y dinamita la estabilidad para los próximos meses.
Todo parece indicar que este embrollo será resuelto por la Suprema Corte, que también ya ha entrado en el juego político. De resolver que es inconstitucional, llevará al presidente a cuestionar a las instituciones electorales con el apoyo de sus seguidores. De considerar que es constitucional, la oposición desacreditará la elección presidencial. Por donde quiera que se le vea, esta reforma terminará siendo explosiva.
