León, Gto., 22 de enero de 2026.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Eligio González y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias, manifestaron su rechazo categórico a la reforma electoral que impulsa el Gobierno de la República.
En encuentro con medios de comunicación, las y los dirigentes priistas junto al secretario general Bonifacio Rodríguez, el presidente del PRI en León, Tadeo Sánchez y la secretaria general Hilda Ramírez, señalaron que se trata de una reforma innecesaria, ya que ningún actor político, social ni ciudadano solicitó una revisión del sistema electoral y advirtieron que su verdadero objetivo es concentrar el poder, debilitar a la oposición y eliminar los contrapesos democráticos.
“La propuesta no busca perfeccionar la democracia ni garantizar el voto libre y seguro de la ciudadanía; lo que pretende es controlar el proceso electoral, reducir al mínimo la operación de los partidos políticos y acallar todas las voces que piensan diferente”, afirmaron.
Eligio González Farías explicó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es eliminar o reducir el financiamiento público a los partidos políticos, bajo el argumento de que resulta costoso, lo que abriría la puerta a la intromisión de recursos ilícitos en las campañas, particularmente del crimen organizado.
Alertaron que la eliminación de las diputaciones plurinominales atenta directamente contra el principio de representación proporcional, indispensable en un país plural, diverso y democrático como México.
Recordaron que actualmente Morena cuenta con una sobrerrepresentación en el Congreso, al obtener el 73 por ciento de los escaños con apenas el 56 por ciento de los votos, dejando sin representación real al 44 por ciento de la ciudadanía.
“Con esta reforma, millones de mexicanas y mexicanos que no votan por el partido en el gobierno quedarían sin voz en el Poder Legislativo. Por eso el PRI votará en contra”, enfatizaron.
Denunciaron que esta iniciativa se inscribe en una ruta autoritaria iniciada en 2018, que ha implicado la militarización de funciones civiles, el debilitamiento de los organismos autónomos y ahora el intento de controlar al árbitro electoral, lo que calificaron como un riesgo grave para la democracia mexicana.
Incluso señalaron que esta reforma ha generado tensiones entre los propios aliados del gobierno federal, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes serían también afectados por la reducción de prerrogativas y de espacios de representación.
La presidenta del CDE, Ruth Tiscareño informó que, desde la comisión legislativa que preside en el Congreso del Estado, se ha iniciado el análisis del tema, privilegiando la escucha de todas las fuerzas políticas, de los organismos electorales y de las distintas corrientes de opinión, con el objetivo de fortalecer y no debilitar el marco democrático en Guanajuato.
Finalmente, integrantes del PRI en Guanajuato reiteraron que no está a favor de ninguna intervención extranjera, pero sí exige coordinación y responsabilidad internacional, y advirtió que el debilitamiento democrático interno tiene repercusiones directas en la imagen y estabilidad del país.
“El PRI seguirá denunciando esta ruta autoritaria y dará la batalla de frente en defensa de las instituciones, la libertad y la democracia de México”, concluyeron
REFORMA ELECTORAL FEDERAL AGRAVA RIESGOS DE INSEGURIDAD
El coordinador de los diputados locales, Alejandro Arias Ávila, advirtió que la propuesta de reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal no atiende los verdaderos retos en materia electoral, particularmente la inseguridad y la intromisión del crimen organizado en los procesos democráticos.
Señaló que la infiltración del crimen organizado en campañas y gobiernos es una realidad que no puede negarse, y que ha sido reconocida incluso por autoridades estatales en el pasado, sin que se haya actuado con la firmeza necesaria.
“Ha habido muestras claras de la intromisión del crimen organizado, ya sea mediante el ofrecimiento de recursos durante las campañas o mediante presiones para la designación de funcionarios clave una vez en el gobierno, como en áreas de seguridad, tesorerías u obras públicas”, señaló.
Recalcó que esta problemática no se limita a Guanajuato, sino que es un reto de carácter nacional, y subrayó que debilitar a los partidos políticos y a las autoridades electorales, como lo plantea la reforma federal, abre aún más la puerta a la infiltración de recursos ilícitos.
Y dijo que uno de los principales riesgos radica en que las elecciones las organizan los ciudadanos, a través de las mesas directivas de casilla.
“Existe un temor real para participar como funcionario electoral debido a la inseguridad. Cada vez es más difícil integrar las mesas directivas de casilla porque la gente tiene miedo. Son ciudadanos que saben que tendrán que resguardar boletas, contar votos y trasladar paquetes electorales en un contexto de violencia e intimidación”, expresó.
El legislador concluyó que ante la falta de condiciones de seguridad, existe el riesgo de que quien tenga el control del gobierno pueda influir en la integración de las casillas, afectando la equidad y la imparcialidad del proceso electoral.
