AGENCIAS.- Se desvanecen las esperanzas de Rubén Cárdenas Ramírez, el mexicano originario de Guanajuato condenado a la pena de muerte para el miércoles 8 de noviembre en la prisión de Livingston, Texas, por los delitos de secuestro, violación y homicidio de su prima hermana Mayra Azucena Laguna en 1997. La corte del estado de Texas rechazó la solicitud de clemencia y de pruebas de ADN para el connacional, que hicieron el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y sus abogados.
El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias (IEAMGF) informó que la defensa de Cárdenas Ramírez -quien también es identificado como Ramírez Cárdenas- apeló ante la corte federal de Estados Unidos la resolución de su similar texana, con la esperanza de que se desahogue la prueba de genética para demostrar su inocencia.
Este martes la directora del instituto, Susana Guerra Vallejo, arribará a Livingston para reunirse con la familia de Cárdenas Ramírez y varios legisladores estadounidenses, en espera de un fallo favorable del tribunal federal que evite la ejecución el miércoles en cualquier momento después de las 18:00 horas locales. El connacional fue privado de la asistencia consular y de representación legal durante los múltiples interrogatorios por parte de la policía y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo.
La Corte Internacional de Justicia determinó que se violaron las disposiciones de notificación consular previstas en la Convención de Viena; asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró la violación de las normas mínimas del debido proceso, por lo que recomendó juzgarlo de nuevo.
Por su lado, en rueda de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó las vías que seguiría en caso de la negativa a dos recursos que hasta la mañana de este lunes se encontraban vigentes. El primero, en la Corte de Apelaciones de Texas, a la que se solicitó que se “autorice un procedimiento a través del cual se revise cómo se obtuvo la confesión y se llevó a cabo el interrogatorio”, así como para que revise la negativa de la Corte de Distrito de realizar una nueva prueba de ADN; ambas llevaron aparejadas solicitudes de posposición o de suspensión de la fecha de ejecución, explicó Jacob Prado, director general de Protección de Mexicanos en el Exterior.
