La semana anterior el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU comunicó que iniciaría el procedimiento contra México por la posibilidad de que se registren en el país desapariciones de personas de manera general y sistemática.
Lo anterior provocó una reacción en contra de distintas personalidades del gobierno en turno. Al considerar que la 4T no ha llevado ninguna desaparición y arremetieron contra la ONU.
Por esa razón, es conveniente revisar la importancia de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada y su perspectiva hacia adelante con el actual gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.
IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO
El anuncio de la ONU no surge de manera espontánea ni de la noche a la mañana; por el contrario, es el resultado de procesos anteriores y de intervenciones de la propia ONU en esta problemática. Por ejemplo, el mismo Comité recomendó en el 2021 llevar a cabo una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones (Animal Político) a lo que el gobierno mexicano no respondió.
Ahora, el Comité inicia un procedimiento en contra de México en donde solicitará información sobre la situación y podría derivar en llevar la cuestión con carácter de urgente ante Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que significaría un hecho sin precedente en la historia de nuestro país.
De ese tamaño es la importancia del anuncio realizado por la ONU y no hemos mencionado que es la primera vez que se aplica este mecanismo para un país miembro.
REACCIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO
En México este anuncio provocó reacciones en contra. Entre las principales destacan las siguientes:
El presidente del senado, Fernández Noroña retó desde la tribuna del senado al presidente de la CED a que presente un solo caso de desaparición forzada de su gobierno. Además, señaló que intentan descarrilar el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Lo anterior se tradujo en una moción para condenar lo señalado por el CED por la mayoría de senadores de la 4T.
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado señalando: “Rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, además: “El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también se pronunció al respecto: “Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que estas sean consecuencia de una política de Estado. Creemos que el posicionamiento del Comité contra la Desaparición Forzada está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”.
CONCLUSIÓN
Desafortunadamente para los mexicanos el problema de los desaparecidos en lugar de encontrar un camino de cooperación y solución, está en el debate interminable de la política.
En México existe una crisis de desaparecidos y también se da la desaparición forzada. La evidencia de lo anterior está en hechos recientes y por la investigación de académicos mexicanos.
El caso emblemático de los 43 normalistas desaparecidos no encontró en el gobierno de la 4T el esclarecimiento de los hechos que se había prometido y en donde han sido implicadas autoridades locales, estatales y el propio ejército mexicano.
En su más reciente columna, Carlos Pérez Ricart, cita el trabajo de Data Cívica que recopiló información de 1,500 desaparecidos por autoridades estatales o federales entre el 2006 y el 2022.
Académicos como el propio Pérez Ricart que simpatiza con la 4T y otros como Jacobo Dayán o Santiago Corcuera han explicado de diferente manera la crisis de desaparecidos y desapariciones forzadas en México.
Es verdad, que las desapariciones forzadas en la actualidad no se dan como en la década de los años 70´s sino que se dan por particulares con complicidad, encubrimiento o aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
A pesar de lo anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría sacar adelante su imagen de que los gobiernos de la 4T no están implicados en la desaparición forzada. Eso implicará una colaboración cercana con el propio Comité lejos de los reflectores, los mítines y de los discursos ideológicos.
Este es el escenario digamos positivo. También podría mantenerse la confrontación con el Comité, pero el gobierno de la presidenta además de la presión interna agregaría la presión externa internacional; lo cual, sería el peor escenario posible.
Con todo y rabieta, el balón está de lado del gobierno mexicano y tendrá que reflexionar sobre la mejor opción sobre este problema que es real.
