Guanajuato, Gto., 20 de enero de 2026.- Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el objeto de elevar a rango constitucional el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes.
La diputada Yesenia Rojas Cervantes comentó que la migración es parte fundamental de la historia del estado y de México, representa un reconocimiento a quienes hace más de 70 años han construido su vida y su trabajo entre dos países.
Apuntó que la propuesta busca garantizar desde la base normativa que las familias migrantes permanezcan unidas y que los derechos de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres en estado de gravidez sean respetados y protegidos en todo momento.
Por su parte, el congresista Juan Carlos Romero Hicks comentó que la población hispana es el 19% de la población en la Unión Americana y contribuye en áreas como la construcción, el campo, la industria restaurantera, entre otros. Precisó que se estima que entre millón y millón y medio de guanajuatenses se encuentran en ese estatus migratorio.
En términos generales se comentó que la propuesta busca fortalecer el marco constitucional local en materia de derechos humanos, particularmente respecto de la protección de las personas migrantes y sus familias, al incorporar de manera expresa el derecho a la protección de la unidad familiar en la Constitución Política local.
Se dijo que la reforma plantea retos relevantes para su correcta implementación, como que se remite el alcance del derecho a la legislación secundaria, lo que podría generar incertidumbre respecto a las obligaciones concretas del Estado y los mecanismos para su cumplimiento; que se señala que la iniciativa no genera impacto presupuestario, pero que en la práctica se demuestra que la garantía real de los derechos humanos suele implicar la asignación de recursos materiales, humanos y financieros.
Se argumentó que, en el ámbito municipal, será necesario que los Ayuntamientos realicen las adecuaciones correspondientes a sus reglamentos y programas sociales, a fin de brindar una atención integral a las familias migrantes que se encuentren en situación de tránsito, retorno o residencia temporal.
Finalmente, se remarcó que era recomendable clarificar en las consideraciones del dictamen los alcances de la adición constitucional, así como que el concepto de Estado abarca también a los municipios.
El legislador Rodrigo González Zaragoza manifestó que cualquier iniciativa que esté orientada a fortalecer los derechos humanos tendrá su respaldo. Agregó que es pertinente, jurídicamente sólida y socialmente necesaria.
Añadió que reconoce un derecho humano desde el ámbito local, fortalece el principio pro persona y el texto constitucional, pero que la reforma debe ir acompañada de acciones concretas de implementación, a través de políticas estatales y municipales que la hagan real.
Finalizó al subrayar que era un avance en favor de las personas migrantes y sus familias, y que era favorable, al señalar que el Estado debe garantizar la unidad familiar como un principio esencial para la dignidad humana.
En los trabajos estuvieron presentes la diputada Yesenia Rojas Cervantes, así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza.
Además, participaron Vicente Vázquez Bustos y Andrea Aguirre, de la Consejería Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Francisco Javier Murillo, de la Secretaría de Derechos Humanos; y Cynthia Cifuentes, de la Secretaría de Mujer; así como personas asesoras parlamentarias.
