Guanajuato, Gto., 3 de septiembre de 2026.- La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal, con el objeto de establecer que el Registro de Deudores Alimentarios sea de consulta pública y reducir de 90 a 60 días el periodo de incumplimiento necesario para que una persona sea considerada deudora alimentaria.
Al presentar la propuesta, la legisladora señaló que en Guanajuato actualmente existe un Registro de Deudores Alimentarios y que se encuentra a cargo de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. Sin embargo, consideró necesario fortalecerlo mediante su acceso público.
García Oliveros habló de la importancia de que esté disponible, por lo que indicó que se busca establecer que el registro de deudores alimentarios sea de consulta pública, a fin de que la población pueda acceder a la información a través de un portal oficial, donde podrá ver el nombre completo y la CURP de los deudores alimentarios morosos.
Comentó que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato registró mil 833 investigaciones por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar durante enero-julio de 2026, cifra que colocó a la entidad en el primer lugar nacional.
Asimismo, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la inscripción pública en un registro de deudores alimentarios puede constituir una medida apropiada para proteger el derecho de alimentos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, sostuvo que la publicidad del registro puede funcionar como una herramienta de presión social y concientización sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La legisladora manifestó que la propuesta contempla reducir de 90 a 60 días el periodo de incumplimiento de la pensión o ministración de alimentos para que una persona pueda ser considerada deudora alimentaria, con la finalidad de agilizar los procesos para las madres, hijas e hijos afectados por el incumplimiento de esta obligación. De igual manera, precisar que el Registro de Deudores Alimentarios sea público y pueda ser consultado por la ciudadanía a través de un portal web oficial.
Finalmente, la congresista apuntó que esas medidas contribuirían a promover una cultura de corresponsabilidad y justicia para las mujeres y las infancias, así como a prevenir el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
