Transporte en Guanajuato: entre venganzas, negocios y la negación de un derecho.
Hace algunos meses conocimos una discusión sobre el transporte con una familia de concesionarios. En aquel momento, y en le presente, conocimos pocas voces del Ayuntamiento disidentes. Una vez más, una discusión discrecional donde la autoridad descalifica en lugar de explicar criterios para quitar 15 camiones a una sola familia, traer unidades de Irapuato no nuevas y dejar un déficit de más de 40 unidades, que sí existe, porque la población creció y las rutas se mantuvieron.
En estos meses lo que hemos visto no es una discusión seria sobre el transporte público. Lo que hemos visto son descalificaciones de la autoridad, particularmente hacia un grupo de empresarios concesionarios.
La crisis del transporte no es exclusiva de Guanajuato capital; es un desafío estructural a nivel nacional. La literatura especializada coincide: la tarifa no garantiza por sí sola la movilidad como derecho. Requiere subsidio público y regulación integral. La autoridad local puede invocar esa complejidad, pero en el caso de Guanajuato capital esa complejidad se vuelve coartada para una gestión discrecional y opaca.
Pongamos los números que la autoridad no quiere poner: hasta hace tres meses circulaban aproximadamente 150 unidades: 8 empresas formalmente establecidas, conocidas, y cerca de 30 hombres-camión, sin contar a los piratas. Un acumulado de 80 años prestando el servicio y una relación siempre de intercambios con la autoridad municipal en turno. En la última década el pasaje aumentó 5 pesos y nada mejoró.
Y tendríamos que señalar algo: muy seguramente sí hay déficit. Se presume que hay déficit porque la población ha crecido y el número de rutas se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? Por este ausente diálogo entre autoridades, concesionarios y ciudadanía. Hay una discrecionalidad completa. Lo que sí es un hecho es que hoy hay un faltante de más 40 camiones para dar un servicio digno.
De las dos empresas que se inconformaron – a una le quitaron 10 camiones, a otra 5 – hay 85 familias afectadas. Y la respuesta de la alcaldesa Samantha Smith es llamar “artilugios legales” a que hayan pedido una suspensión y decir que el Tribunal “no entiende el tema” porque les concedió la suspensión definitiva.
Ojo, no creo que sea el Tribunal el errado. El problema en la capital es otro: el municipio tiene serios temas para transparentar los procesos de concesión, como ocurre con casi todo lo que hace. Ahí es donde se vuelve discrecional y sospechoso.
El negocio de no transparentar
Y me saltan dudas que hasta hoy nadie contesta: ¿Con qué criterios se retiraron camiones solamente a una familia concesionaria? ¿Con qué criterios se permitió incorporar camiones de transporte de personal de Irapuato, con operadores de Irapuato y algunos hasta sin puertas? ¿Cuál es la lista completa de propietarios y qué requisitos se piden para ser concesionario? Se presume incluso que el número de placas es menor a los camiones “nuevos” que circulan, que se duplica el uso de las mismas placas, toda una simulación desde el propio gobierno. Y queda la pregunta velada, el rumor permanente en estos procesos: la lista alterna, la de los prestanombres, donde seguramente encontraremos autoridades y funcionarios de distintos partidos que han participado de estos cuestionables intercambios. Porque desde la perspectiva del gobierno municipal, la movilidad es un negocio, no es un derecho.
En medio de todas las prioridades que atraviesa la capital, hablar de movilidad es un tema impostergable. Uno de los muchos en un gobierno donde todo se desborda, donde todo es urgente porque se ha dejado de atender.
Las preguntas que nadie contesta
Pero lo más grave está en otra parte: en las páginas oficiales del municipio lo que se lee no son felicitaciones. Son solicitudes de ayuda, casi plegarias, a una presidenta que no contesta. Y vale la pena decirlo: las peticiones tienen nombres y apellidos que se leen todos los días e distintos espacios digitales. Hablan vecinas de El Manantial, del Cerro del Cuarto, del Cerro del Gallo, de Valenciana. Señalan la urgencia de las esperas de más de una hora, servicios que no llegan, otros más las rutas desaparecieron sin aviso.
Y refieren algo que la autoridad no ha entendido: el problema se ha agravado en periodo vacacional escolar. El gobierno municipal parece ignorar que las vacaciones escolares no son vacaciones de las familias. Por el contrario, las familias siguen moviéndose para trabajar, para dejar al cuidado a sus hijos, para resolver la vida diaria a falta de espacios escolares.
El gobierno de Samantha Smith no ha entendido que la movilidad no es tráfico. Es el derecho a llegar al trabajo, a la escuela, al hospital y volver seguro a casa. Ese derecho no es para quien se mueve en camioneta con chofer. Es para la mayoría que camina, que espera el camión que no pasa, que baja callejones sin luz.
Sin movilidad no hay derecho a estudiar, a trabajar ni a estar seguro. Democratizar la ciudad es garantizar el derecho a ser y estar en ella con dignidad. Y eso hoy no está ocurriendo.
Que el 2027 nos alcance en la parada
Mientras la movilidad se siga viendo como un tema de concesionarios y de baches, la administración de Samantha Smith la va a seguir ignorando.
Tenemos que dejar de hablar de “rutas” y empezar a hablar de derechos.
Cuando una mujer de la zona sur no puede regresar a las 9 de la noche porque el camión ya no pasó y tiene que pagar 80 pesos de taxi por una distancia de 5 minutos, no es un problema de transporte. Es que le están quitando el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a cuidar sin miedo.
Cuando un camión nuevo circula sin puertas, con hijas, con hijos y con bolsas del mandado cargando, no es una falla técnica. Es un mensaje: tu vida no importa.
Posdata
Estoy platicando con una compañera, usuaria permanente del transporte público desde hace más de una década, y sus reflexiones me parecen por demás pertinentes recuperarlas:
“Somos las mujeres las que más usamos el transporte público. Lo usamos con hijos, con hijas, con bolsas del mandado, con todo cargando.”
Y tiene razón. Somos las que hacemos la movilidad del cuidado. Por eso duele más lo que pasa en Guanajuato:
Si no hay camión a las 9 pm a la zona sur, tenemos que pagar, cuando se puede, transporte privado. ¿Por qué? Porque el estado y municipio no regulan de forma integral la movilidad.
En más de una década subió el pasaje, pero la seguridad para mujeres y niñas sigue igual. Hasta los camiones “nuevos” que presumió Samantha Smith entraron sin puertas.
La movilidad no es tráfico. Es el derecho a volver segura a casa sin que te castiguen por ser mujer y vivir lejos.
