León, Gto., 20 de noviembre de 2026.- El proyecto del puente vehicular del bulevar Aeropuerto continúa generando cuestionamientos, ahora por las condiciones jurídicas de los terrenos donde se pretende construir.
Para Jorge Marcelino Trejo Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados de León, las dificultades evidencian deficiencias en la planeación y conducción de una obra que involucra recursos públicos y exige certeza legal antes de iniciar cualquier procedimiento.
El abogado advirtió que no basta con anunciar la disponibilidad de dinero para ejecutar un proyecto de infraestructura.
Antes deben estar resueltos los aspectos financieros, contables y jurídicos, particularmente la situación de los predios que serán utilizados. De lo contrario, los funcionarios que autoricen trabajos sin cumplir esos requisitos podrían enfrentar responsabilidades administrativas y, si se acredita un daño al patrimonio público, incluso consecuencias penales.
Trejo Ortiz explicó que parte de las complicaciones estaría relacionada con uno o dos terrenos vinculados a un fideicomiso o una Fibra, cuya liberación requiere procedimientos especiales.
Por ello, consideró indispensable conocer plenamente la situación jurídica de los inmuebles, verificar que estén disponibles y libres de gravámenes o restricciones que impidan destinarlos a infraestructura pública.
En el aspecto financiero, señaló que debe justificarse que los recursos destinados a la obra estén debidamente presupuestados y que cualquier reasignación no afecte ilegalmente otras partidas municipales. Son dos condiciones fundamentales: la viabilidad financiera y la certeza jurídica de los terrenos. Saltarse cualquiera de ellas puede comprometer la legalidad de las decisiones gubernamentales.
El exdirigente del Colegio de Abogados sostuvo que las autoridades no deben confundir la voluntad política de realizar una obra con la facultad legal para ejecutarla. La responsabilidad de quienes gobiernan también consiste en prevenir conflictos, revisar documentos y garantizar que cada peso público tenga un destino debidamente sustentado.
El caso del puente del bulevar Aeropuerto vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta necesaria: ¿se planificó oportunamente una infraestructura que resulta importante para la movilidad de León o se dejó que los problemas administrativos y jurídicos alcanzaran al proyecto? La respuesta no puede reducirse a un intercambio de señalamientos entre gobiernos.
Cuando están en juego recursos públicos, la planeación y la legalidad no son trámites secundarios: son obligaciones.



