En días pasados el ministro Arturo Saldívar propuso al Poder Legislativo reformas para incrementar hasta con 90 años de prisión a los feminicidas. Sin embargo, nos olvidamos de otro sector, otro universo vulnerable que es el de los crímenes cometidos en contra de los menores de edad.
En nuestro país, cada día siete niños, niñas o adolescentes, son asesinados diariamente y otros 37 sufren de distintas formas de violencia, esto, a partir de 2021, según datos recopilados y difundidos por Save The Children México.
Los homicidios dolosos en contra de menores de edad se han incrementado en la misma proporción que ha crecido la guerra del narco. Un ejemplo de ello fue la masacre ocurrida en León, en donde de un total de siete personas asesinadas, dos eran menores de edad.
Los adultos no deberían de involucrarse con grupos delictivos porque ahora en esa guerra ya no se respeta la integridad de ningún miembro de la familia, y nos referimos a mujeres, adultos mayores y niños, incluso bebés.
La ONG a quien nos referimos, agrega datos por todos conocidos como que en el caso de las niñas y las adolescentes se suma la violencia por razones de género, con agresiones sexuales, inseguridad financiera, abuso emocional, explotación sexual y la trata de personas.
Me parece deplorable que alguien abuse de una persona con menor fuerza física como puede una mujer, un niño o un adulto mayor.
La propuesta de Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere distintas agravantes para el incremento de 60 a 90 años de cárcel en el delito de feminicidio.
Sin embargo, iniciativas en ese tema ya se han realizado en el Congreso de la Unión y en el Congreso local de Guanajuato, y yo añadiría los delitos en agravio de menores de edad, sin dejar de lado a los adultos mayores.
Guanajuato ha ocupado los primeros lugares tanto en asesinatos intencionales en general, como en feminicidios y también en infanticidios, por lo que los gobiernos no deben de escatimar esfuerzos por devolvernos la paz a la ciudadanía.
El pasado fin de semana se realizó en nuestra entidad una reunión de Procuradores de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de las entidades de la región centro-occidente del país.
Según la información difundida, y en ello estamos de acuerdo, hablaron de que no solo se deben de considerar temas en el aspecto jurídico, sino que ante todo se debe trabajar en la prevención y en acciones que garanticen el respeto a sus derechos que ya establecen las leyes nacionales e internacionales.
Todos los derechos de los niños empiezan en el seno familiar y luego en su entorno social inmediato como la escuela y los instrumentos jurídicos solo deben de servir para que así sea.
A los adultos no se nos deben olvidar sus derechos y sus garantías individuales, empezando por el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al estudio, a la recreación, etc.
Y aunque el amor y la felicidad no son condiciones jurídico-legales, todo lo anterior contribuye a que, en la familia, con los hijos, existan estos dos elementos. Si bien es cierto que los códigos no llegan a la esencia de esos conceptos, sí son referidos de manera implícita y en algunas legislaciones en forma explícita.
Los niños tienen derechos incluso cuando hay disputas penales y civiles de los padres, como los de ser escuchados, de decidir con quién quieren vivir, de evitar entrevistas procesales innecesarias.
En esos casos jurídico-legales los niños tienen derecho a emitir libremente sus opiniones, pero todo esto ya es tema de un próximo artículo.
