Guanajuato, Gto., 14 de enero de 2026.- Convocadas por la Comisión de Justicia, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas legales.
La primera en ser discutida fue la iniciativa de reforma al Código Penal que busca aumentar las penas en los delitos de homicidio, homicidio en razón de parentesco o relación familiar; secuestro, trata de personas, extorsión, violación, acoso sexual y hostigamiento sexual, robo calificado, violencia familiar, responsabilidad médica y tortura cuando sean cometidos contra personas de este sector en vulnerabilidad.
El congresista Ernesto Millán Soberanes habló sobre la propuesta y comentó que el 7% de la población guanajuatense vive con alguna discapacidad. Apuntó que se busca visibilizar a un sector de la población que históricamente ha estado relegado para que tenga acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de discapacidad.
Añadió que, incluir en el Código Penal estatal a las personas con discapacidad como posibles sujetos pasivos de delito era impostergable, ya que, dijo, en prácticamente ninguno de los 300 artículos del citado ordenamiento se hace referencia a las personas con discapacidad, redacción que las invisibiliza de la posibilidad real de acceder a una justicia acorde a su situación y circunstancias.
Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó que se busca adecuar la punibilidad de los delitos pero que el secuestro, la extorsión, la trata de personas y la tortura no son competencia estatal; mientras que, Jonathan Hazael Moreno Becerra, de la Fiscalía General del Estado, coincidió en que en cuatro delitos no le corresponde al Congreso legislar y agregó que varios de los enlistados ya tienen agravantes en cuanto al sujeto pasivo, además de que no se discierne por qué se eligieron esos tipos penales.
Por su parte, Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica, señaló que la propuesta debe ser revalorada, ya que en varios delitos el Estado carece de la facultad para legislar, por existir leyes nacionales que regulan el tratamiento de varios tipos penales.
Agregó que no se argumenta de forma suficiente, pues, si bien se alude a que se busca garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se considera que se requieren iniciativas integrales que aseguren que los mecanismos de acceso a la justicia sean incluyentes con este sector de la población.
En su oportunidad, la congresista Susana Bermúdez Cano indicó que coincidían en que se carece de competencia, que incrementar los rangos punitivos no va a reducir las barreras estructurales, que se reconoce el objetivo, pero que por tener vicios de inconstitucionalidad y no justificar el incremento de las penas, no estaba de acuerdo con la propuesta.
Millán Soberanes reiteró que están en la posibilidad de dotar de elementos a las instancias necesarias de la impartición de justicia de atender con perspectiva de discapacidad a quienes así lo requieren y que se debe seguir analizando la propuesta.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente), David Martínez Mendizábal, Ernesto Millán Soberanes, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Luis Ricardo Ferro Baeza.
Además, asistieron representantes de la Fiscalía General, de la Consejería Jurídica y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y personas asesoras parlamentarias.
Divorcio administrativo
En la segunda mesa se revisó la iniciativa de reforma al Código Civil para incorporar el divorcio administrativo, el cual se mencionó concebía que, mediante la manifestación simple de los consortes y la acreditación documental correspondiente, puedan éstos, de forma rápida y sencilla acudir ante el oficial de registro civil, para poder terminar con dicha unión de la misma forma en que la iniciaron, esto siempre y cuando, no se requieran dirimir otras cuestiones inherentes al matrimonio.
Se apuntó que de prosperar la iniciativa se debe evaluar su congruencia con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se efectúe la declaratoria de entrada en vigor en forma previa o que esta no se efectúe, a más tardar el 1 de abril de 2027, cobrará vigencia en la entidad.
Participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez, así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Además, asistieron representantes de la Consejería Jurídica y personas asesoras parlamentarias.
